Salvador Viada, fiscal del TS: "Dentro de muchos años se recordarán estos tiempos de plomo para la Fiscalía"

El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada habla de "tiempos de plomo" en la Fiscalía. La asociación a la que pertenece, APIF, ha puesto contra las cuerdas a Álvaro García Ortiz al recurrir sus principales nombramientos (incluido el suyo propio) y ejercer la acusación popular en la causa abierta contra él por revelación de secretos. En entrevista a LA RAZÓN denuncia que la institución atraviesa una situación sin parangón y recuerda a Moncloa que, más allá de las defensas en público a "su" fiscal general, no ha aportado en sede judicial las pruebas que le eximan del banquillo.

- La APIF ejerce la acusación popular en la causa contra el fiscal general. ¿Por qué se personaron?

- El asunto empezó a ser investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estando encargada una fiscal, María de la O Silva, que pretendía –como debe hacer un Fiscal ante la sospecha de la comisión de un delito- conocer la verdad de lo ocurrido tras aquel comunicado, y si había habido revelación de secretos. Su jefe inmediato, el fiscal Carlos Ruiz de Alegría, la respaldaba, pero la Fiscalía General les convocó hasta en tres ocasiones para intentar hacerles cambiar de opinión.

Finalmente, la fiscal Silva recibió una orden que no acató y, tras los trámites reglamentarios, se le quitó el asunto para pasar la Fiscalía a sostener la inexistencia de delito. A partir de ahí vimos que la posición de la Fiscalía no era la de llegar al fondo de lo ocurrido, sino restarle importancia. Creo que la razón de la personación de la APIF está en la voluntad de unos fiscales de ayudar a la Justicia a conocer qué ocurrió con esa filtración tan extraña y si se prueba la comisión de un delito, ayudar al castigo de los responsables.

- De aprobarse la reforma del PSOE contra las acusaciones populares, ustedes quedarán fuera del procedimiento. ¿Qué opinión le merece la proposición?

- En el momento actual, cuando hay varios asuntos que afectan al entorno del presidente del Gobierno y en los cuales la iniciativa procesal la van llevando acusaciones populares, es imposible no pensar que se trata de una norma orientada al cortísimo plazo, y el texto de la norma que se quiere aprobar corrobora esa impresión. Al margen de ello, no hay duda de que la figura de la acusación popular puede generar abusos y, para evitarlo, se conceden al Juez de Instrucción facultades para limitar o condicionar la personación cuando se puedan producir esos excesos.

- ¿Comparte que la Fiscalía emitiera la nota de prensa para desmentir que hubiera ofrecido pacto alguno a González Amador? ¿Cómo cree que debía haber actuado?

- Yo no creo que realmente hubiera que haber hecho ninguna nota, porque el asunto no tenía importancia. Ahora bien, cuando se emite la nota de la Fiscalía ya se había filtrado la denuncia de la Fiscalía contra el citado señor, incluyendo datos fiscales del mismo, y, por tanto, ya se había hecho saber su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En todo caso, si se quería desmentir que la Fiscalía proponía un pacto al denunciado, cuando en realidad era el denunciado quien lo proponía, pues bastaba con decir eso. Todo el exceso a ese desmentido es lo que nos ha llevado a la situación actual.

Con este fiscal general se exploran territorios jurídicos nunca pisados con anterioridad

- Con los indicios que hay en el procedimiento, ¿Cree que el fiscal general terminará siendo juzgado?

- Obviamente, no lo sé. Sí le diré, que, en mi opinión, el Magistrado Instructor está haciendo un trabajo espléndido, desde la posición de alguien que tiene la misión legal de averiguar la verdad de lo que ocurrió. Lo está haciendo desde la independencia y a pesar de la dificultad objetiva del caso, que afecta ni más ni menos que al Fiscal General y con indicios de que el asunto no se queda en la Fiscalía. Por lo demás, si al término de la instrucción las acusaciones consideran que existen pruebas suficientes para poder ir a juicio, lo pedirán, y será el Juez quien decida. Veremos.

- El instructor apunta ya a una connivencia entre Moncloa y la Fiscalía en el caso. ¿Considera que el fiscal general actuó siguiendo directrices políticas?

- Tampoco lo sé, aunque constato que el fiscal general del Estado no ha dejado de tomar decisiones, por acción u omisión, que van en la línea de los intereses del Gobierno. Por otro lado, el Gobierno no disimula su complicidad con "su" Fiscal General. Pero es una realidad que la carta del abogado del Sr. González Amador estaba en manos del Gobierno la mañana siguiente a que la recibiera el Fiscal General, hasta el punto de que fue utilizada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid contra la presidenta de la Comunidad. Y es una realidad también que, hasta la fecha, el Gobierno no ha explicado cómo la recibió, y es algo que, obviamente, el Gobierno sabe. Si el Gobierno tiene la prueba de que no se la pasó la Fiscalía General y la oculta, está dejando al pie de los caballos a "su" Fiscal General.

- Usted declaró como testigo en la causa porque le vio manipular su teléfono el día del registro de la UCO. Después se supo que borró sus mensajes y que cambió el teléfono. ¿Diría que obstaculiza la investigación?

- No me corresponde decirlo. La cuestión, en mi opinión, es que el fiscal general debe colaborar con la Justicia dada la posición que ocupa, pero tiene el derecho de defenderse porque está investigado. Claro, al mezclar ambas condiciones, la de fiscal general y de investigado, pasan cosas como esta. Además, lleva defendiéndose (y ocultando durante varios meses su participación en la génesis de este asunto) desde los poderes que tiene en la institución. Porque él –que asumió su responsabilidad institucional- se distanció de la emisión de la nota, que atribuyó a otros fiscales subordinados cuando hoy sabemos que él impuso la misma para no perder el "relato". Debería haber dejado el puesto hace tiempo, en mi opinión, pero ahí sigue, como dice él, por el bien de la Fiscalía a medio y largo plazo.

Si el Gobierno tiene la prueba de que (la carta) no se la pasó la Fiscalía y la oculta, está dejando al pie de los caballos a "su" Fiscal General

- Un día antes de que sea interrogado, el Tribunal Supremo resolverá el recurso de la APIF contra su nombramiento. ¿Por qué llevaron su elección ante la Justicia? ¿Ve factible que lo anulen?

- Desde el primer día, en la APIF consideramos que no podía ser renovado como Fiscal General del Estado alguien que había incurrido en desviación de poder en el ejercicio del cargo, declarada por el Tribunal Supremo. Pocas horas después de que se conociera la sentencia que así se declaraba, el Gobierno ratificó a García Ortiz. Creímos y creemos que ese nombramiento, sin motivación alguna por el Gobierno a pesar de haber recibido un informe adverso del CGPJ, no es conforme a derecho. Yo creo que sí, que la APIF tiene razón y que debería estimarse así, pero quien decide es el Tribunal Supremo.

- ¿Cómo valora que el Supremo, como bien dice, le acusara de desviación de poder?

- Muy grave, e inhabilitante para ocupar el puesto, en mi opinión. Claro, después de todo lo que ha venido luego, aquello parece una cosa menor, pero oiga, es que hablamos del Jefe de la institución que debe velar por el cumplimiento de la ley.

- También anuló el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y le reprochó que no dejara al Consejo Fiscal pronunciarse sobre su incompatibilidad..

- Bueno, la APIF recurrió y el recurso se estimó. Recurrir no es fácil. No solo porque muchas veces, con este Fiscal General, se exploran territorios jurídicos nunca pisados con anterioridad, sino porque perder supone asumir costas elevadas y para una asociación pequeña esto es grave, al margen de las represalias que llegan. Pero lo hacemos porque creemos que el Estado de Derecho se perjudica si se consienten sin más ciertos abusos. Y porque tenemos a una gran abogada, Elisa de la Nuez, que nos ayuda enormemente.

- El Consejo Fiscal al que pertenece también ha intentado, sin éxito, que García Ortiz se pronuncie sobre la amnistía. Aunque no sea preceptivo, ¿Cree que el fiscal general debería haberse manifestado sobre esta polémica ley?

-Ya le he dicho antes que el Fiscal General se ha mostrado absolutamente firme en defender en esta materia las posiciones que más ayudan al Ejecutivo, quizá sin reparar en que, en este caso, la amnistía por unos votos que proporcionen la investidura es un roto muy grave en las reglas del Estado de Derecho. En este caso, en dos ocasiones, al menos, rechazó la solicitud de informe que le hacía el Senado. Tampoco permitió que se pronunciara el Consejo Fiscal sobre cuestiones necesarias y estrictamente profesionales, como la necesidad de un presupuesto propio para la Fiscalía y dejar así de depender en todo del Ministerio de Justicia. Pero vamos, ya se lo hemos dicho algunos en el Consejo Fiscal varias veces y sin resultado alguno.

Hemos tenido fiscales generales con conductas muy discutibles, pero lo de ahora me parece un desastre que no nos merecemos los 2.700 fiscales que día a día tratamos de cumplir nuestro trabajo

- Compañeros suyos en la Fiscalía del Tribunal Supremo le reprocharon que no les respaldara públicamente ante las acusaciones de "lawfare" por causas como el procés. La crítica se extendió a varios territorios de España. ¿Entiende su enfado?

- Claro. Incluso en la Fiscalía del Tribunal Supremo hicimos un comunicado quejándonos de la indiferencia del Fiscal General ante esos gravísimos ataques.

- Precisamente uno de los puntos más polémicos de su mandato se remonta a la corrección que le hizo la Junta de Fiscales de Sala al negarse a respaldar la investigación por terrorismo a Carles Puigdemont. Usted fue muy crítico con lo ocurrido en aquella Junta ¿Por qué?

- Bueno, es que fue una operación de la Fiscalía General que me anunciaron antes de entrar en la Junta, es decir, que lo tenían previsto. La Junta votó con amplia mayoría a favor de aceptar la Exposición Razonada del Juez García Castellón sobre el particular a fin de que el Tribunal Supremo se encargara de la investigación del asunto. Pero al discrepar los dos Fiscales Jefes, se produjo algo que no he visto más que esa vez en los casi 20 años que llevo en el Tribunal Supremo: que el asunto se remitió a la superioridad, y que la posición de la Fiscalía fue la de pedir el archivo.

El Tribunal Supremo se pronunció finalmente por la posición mayoritaria de la Junta. Uno tiene la sensación de que estos episodios no son meras discrepancias técnicas entre fiscales, sino consecuencia de la posición de proximidad de la Fiscalía hacia el Gobierno, algo contra lo que llevo estérilmente luchando desde que ingresé en la Carrera hace más de 40 años. Y va a peor.

- ¿Cómo valoraría la gestión de García Ortiz desde que fue nombrado a mediados de 2022?

- Bueno, es el primer Fiscal General imputado en el Tribunal Supremo por la comisión de un delito que lleva pena de prisión. Y aun así se mantiene en el cargo como si esto no estuviera pasando. Hemos tenido Fiscales Generales con conductas muy discutibles, tanto nombrados por el PP como por el PSOE. Pero lo de ahora me parece un desastre que no nos merecemos los 2.700 fiscales que día a día tratamos de cumplir con nuestro trabajo. Dentro de muchos años se recordarán estos tiempos de plomo para la Fiscalía.