Fernando Galindo, recién elegido letrado mayor del Congreso, estrena cargo con polémica. La Asociación Reconciliación y Verdad Histórica recurrió ante el Tribunal Supremo su nombramiento ayer, el mismo día que la Mesa de la Cámara Baja dio su visto bueno con el voto en contra del PP. Los recurrentes se basan en que ha sido miembro del Gobierno en funciones (subsecretario del Ministerio de Política Territorial) y miembro activo como cargo representativo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

En opinión de la entidad, para ese cargo "se precisa un perfil técnico y de neutralidad absoluta respecto a los partidos políticos", circunstancias que “evidentemente” no concurren en el recién nombrado letrado mayor, “pues se encuentra en una situación de inelegibilidad para el papel que tenía asignado como emisor favorable del informe jurídico preceptivo sobre la proposición de ley de amnistía”.

El PP, por su parte, considera un «escándalo» que se haya elegido a Galindo, puesto que el nuevo letrado mayor del Congreso formará parte de la estrategia de Pedro Sánchez para vender la ley de amnistía pactada con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

A juicio de la asociación recurrente, el nuevo letrado mayor del Congreso está además “incurso en conflicto de interés, según los artículos 11 y ss. de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, pues la decisión que vaya a adoptar en relación al informe sobre la ley de amnistía afectaría a sus intereses personales, de naturaleza económica y profesional, por suponer un beneficio evidente para su persona, pues para ello ha sido nombrado en el cargo”.

Los intereses personales “se vertebrarían por la vía de su afiliación política en el PSOE unido al alto cargo ocupado en el Gobierno en funciones, tanto de forma directa como marital (su esposa también ha sido alto cargo del ministerio de Bolaños, el negociador de la amnistía con ERC)”, aseguran fuentes de la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica.

“Adicionalmente”, en su nombramiento “se habrían producido graves vulneraciones de los derechos constitucionales de igualdad (artículo 14), mérito y capacidad (artículo 23.2) en el acceso a la función pública en igualdad de condiciones, y de neutralidad, división de poderes, entre otros, contenidos en los artículos 1 y siguientes de la Constitución”.

La “instrumentalización que ha llevado a cabo este Gobierno en funciones” en el nombramiento del nuevo letrado mayor del Congreso “a los efectos de sacar adelante la Ley de Amnistía podría suponer en la práctica una pérdida efectiva de todas sus funciones y garantías”, opinan desde la entidad recurrente.

La asociación también espera que el Tribunal Supremo, “como cabeza de la estructura judicial del Estado de Derecho en España, requiera a los poderes ejecutivos y legislativos para que la Ley de Amnistía se tramite por la vía de un proyecto de ley, y evitar así que vaya por la vía irregular y fraudulenta de una proposición de ley, cuyo único fin es agilizar los plazos y hurtar ilegalmente los informes legales preceptivos en un proyecto de ley, sustituyéndolos fraudulentamente” por el informe de un letrado mayor “contaminado” como el recién nombrado.

“Es precisamente en estos momentos donde más se tiene que notar la fortaleza del Estado de Derecho”, afirman a LA RAZÓN los responsables de la entidad, quienes sostienen que "llegado el caso, promoverán más acciones legales en los tribunales para poner coto a la actual situación de riesgo de quiebra institucional que sufre España”.