Reclaman la imputación de la pareja del hermano de Sánchez como conocedora de su incremento patrimonial injustificado

La acusación popular unificada que encabeza Manos Limpias en la causa que investiga al único hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, por su trabajo en la Diputación de Badajoz y su situación fiscal, han reclamado a la jueza Beatriz Biedma que cite también como investigada a la que es su pareja.

El sindicato y el resto de los personados —Vox y Hazte Oír— requieren a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz su imputación al entender que es muy poco creíble que no conociera que su marido, el hermano de Pedro Sánchez, «cobraba dinero público como supuesto empleado sin trabajar», como ellos sostienen que presuntamente hacía.

Para la acusación, al mismo tiempo, se presenta como perfectamente plausible que su esposa fuese consciente de que «el patrimonio adquirido superaba con creces el salario» público que tenía como director de la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial pacense.

Señala en el escrito al que ha accedido este diario que no es descartable que, con la evolución de los acontecimientos en el ya conocido como «caso David Sánchez», la mujer que es su pareja pudiera acabar siendo declarada por la instructora como «partícipe a título lucrativo» de los delitos de malversación, prevaricación o tráfico de influencias por los se investigan al hermano del también líder del PSOE si finalmente se confirma que están casados en un régimen matrimonial de gananciales, y no en uno de separación de bienes.

La acción popular unificada solicita, de forma complementaria, a la jueza Biedma que cite a David Sánchez, también conocido por el nombre artístico como músico de «David Azagra», para que preste declaración en sede judicial debido a que se sigue sin aclarar, además de la «disparidad patrimonial», dónde –en términos físicos– trabajaba en las dependencias de la Diputación de Badajoz, «más allá del despachito que se le montó mediante orden verbal» de una funcionaria.

Añade, en este sentido, que de las diligencias de investigación practicadas hasta el momento, concretamente, de los informes elaborados por el organismo público sobre la relación profesional que mantienen y han mantenido desde el 10 de julio de 2017 con el músico, se extrae la necesidad de aclarar el «desarrollo de su actividad, la justificación de los cambios de contrato, el tiempo y la compatibilidad en el cumplimiento del contrato, los tiempos de residencia real y efectiva, la baja por paternidad y las excedencias solicitadas».

Además de «otras circunstancias conectadas inexorablemente con la vida personal» del principal investigado en un procedimiento que comenzó con la denuncia interpuesta por la organización de Miguel Bernad.

Quiere, asimismo, que se interrogue a la empleada pública responsable de que se le concediera un despacho en las dependencias de la Diputación y al funcionario de Hacienda que elaboró el informe con los datos tributarios de David «Azagra» en el que se descartaba un delito fiscal por su residencia en el municipio portugués de Elvas.

Las tres agrupaciones presentes en la causa quieren, como han pedido ya, que la jueza interrogue a una no pequeña lista de personas. Entre los nombres que recoge el escrito, el del hombre que reside en la dirección que figura como el domicilio del hermano del presidente del Gobierno en la capital pacense. Consideran importante para las pesquisas saber si «le alquiló o le vendió» la vivienda.

Pero quieren que más pronto que tarde se le tome declaración a los, de momento, otros investigados, el propio presidente socialista de la Diputación, Miguel Ángel García Gallardo, y a Alejandro Cardenal Guijarro, jefe del Servicio de Apoyo Jurídico de la institución.

También figuran en la solicitud de declaración testifical de la acusación el del vicesecretario de la agrupación socialista en Badajoz, Manuel Mejías, «para que informe de las actividades realizadas en el PSOE de Badajoz y sobre lo que conociera de su empeño en la Doputación Provincial»; el de Ricardo Cabezas Martín, actual diputado del área de Cultura, Deporte y Juventud, «con el fin de conocer si en los meses desde que tomó posesión del cargo tuvo algún tipo de conocimiento o contacto con David que demuestre que ha ejercido sus funciones en la Diputación y si ha ido de forma presencial o telemática, para lo que no consta que exista o pueda existir acuerdo por su cargo de alto directivo».

Quiere, por último, que se entregue a la jueza instructora las agendas de los tres imputados de 2017 a agosto de 2024 y se de traslado de todos los correos que haya obtenido la UCO en los registros.