El secretario judicial del juzgado de Juan Carlos Peinado tiene previsto acudir hoy al Palacio de la Moncloa para entregar a Begoña Gómez –por orden del juez– la querella de 'Hazte Oír' por apropiación indebida que le llevará por tercera vez ante el instructor el próximo 18 de diciembre. Pese a que la defensa de la esposa de Pedro Sánchez aseguró por escrito a Peinado que Gómez ya tiene conocimiento de esa denuncia –sobre una supuesta apropiación del software que desarrolló en su cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid– el juez no se fía y quiere asegurarse de que recibe en mano esa querella.

Y es que el magistrado no olvida que en su primera comparecencia Begoña Gómez esgrimió precisamente su desconocimiento de una ampliación de la denuncia inicial de 'Manos Limpias' para no declarar, a lo que el juez accedió para evitar una posible vulneración de su derecho de defensa.

Ante lo que denominó «especiales circunstancias que concurren en la investigada», Peinado optó –tras recordar que ese es «el trámite ordinario y habitual»– que la comisión judicial (el letrado de la Administración de Justicia junto a la Policía Judicial) se desplacen hoy «al domicilio personal de la querellada» en el Palacio de la Moncloa para que «se le haga entrega personal» de la querella de 'Hazte Oír', que fue admitida a trámite el pasado 28 de octubre después de que la Audiencia Provincial de Madrid determinase que esa posible apropiación indebida no era ajena al objeto principal de la investigación que instruye el juez Peinado.

En la resolución en la que admitió a trámite la denuncia, el instructor apreciaba indicios de delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por el uso que hizo del software para empresas para cuyo desarrollo la UCM desembolsó 100.000 euros. En particular, respecto a la inscripción, como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva, y en calidad de titular de la empresa Trasforma TSC, de la marca TSC Transformación Social Competitiva y, posteriormente, del software de la cátedra, «que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense de Madrid».

El instructor también considera que pudo cometer un delito de intrusismo profesional, que castiga a quien "ejerce actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial” o desarrolla “una profesión u oficio sin disponer del título que habilita para llevar a cabo esa actividad", al "elaborar, redactando, los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica, para la creación de una Plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid".