El Gobierno y el PSOE se han negado desde el minuto uno a confirmar o desmentir los detalles del acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa. El pacto, filtrado por los republicanos, abunda en el cupo catalán, es decir, en la cesión por parte del Ejecutivo a Cataluña para recaudar todos sus impuestos. Hacienda rechaza hablar de «concierto económico catalán», como sí hace ERC.

¿Qué dice el acuerdo sobre la soberanía fiscal?

La piedra angular del acuerdo era desde el primer momento una nueva financiación para Cataluña. El documento firmado por socialistas y republicanos establece que «no se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo sobre uno nuevo, paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad». Además, acuerda la creación de un nuevo sistema de financiación que garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalitat».

¿Cómo se llevará a cabo este acuerdo?

Este cambio se sustentará en la Agencia Tributaria Catalana y en el Estatuto de Autonomía, validado por el Tribunal Constitucional, que en sus artículos 204 y 205 le reconoce la competencia para asumir la gestión, recaudación, liquidación e inspección de impuestos que ahora gestiona la Agencia Tributaria Estatal. Una vez recaudados los impuestos, la Generalitat pagará al Estado el coste de los servicios que presta en Cataluña y, a diferencia del cupo vasco, realizará una aportación de solidaridad a la caja común de todas las comunidades, limitada «por el principio de ordinalidad».

¿Cuándo se materializará el pacto?

El acuerdo tiene como objetivo implementar el nuevo sistema de financiación «en el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado», y en este año se impulsarán las modificaciones legislativas necesarias, es decir, cambios en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica que requerirán mayorías suficientes. En este caso, será imprescindible el apoyo de Junts, principal damnificado del pacto.

¿Qué significa la hacienda catalana de la que habla ERC?

Aparece explícitamente en el acuerdo la creación de una «hacienda catalana». «La profundización en el autogobierno y de la autonomía fiscal y financiera necesita fijar como prioridad una hacienda catalana», puede leerse en el documento firmado, en el que se recalca que «para el próximo Gobierno de la Generalitat de Cataluña» debe ser una «prioridad» con el objetivo de que «esta administración logre plena autonomía en la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos que se generan en Cataluña». Además, también se especifica que estas competencias requerirán «el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos» por parte del Gobierno de España.

¿Qué pagará Cataluña?

Ambos partidos firmaron que Cataluña haría una «aportación a las finanzas del Estado» compuesta por «el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña», en un modelo similar al cupo vasco, donde el País Vasco paga anualmente una cuantía al Estado para financiar todos los servicios centralizados pero de los que también se benefician los ciudadanos vascos. La aportación será según un «porcentaje de participación en los impuestos».

Ampliación de El Prat

El preacuerdo contempla también definir un nuevo modelo catalán de gestión aeroportuaria, que «transforme» el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con nuevas conexiones intercontinentales, e incorpore los «roles» de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell y Lleida-Alguaire.

Lengua propia

Se creará una Consejería de Política Lingüística y se ejecutará el Pacto por la Lengua para paliar el retroceso del uso social de la lengua catalana, con especial atención a la educación.