Puigdemont lleva a Llarena ante el Poder Judicial por no atender su recurso sobre la amnistía

La defensa del expresident Carles Puigdemont, que encabeza el letrado Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que acusan al instructor del "procés", Pablo Llarena, de haber incurrido en una infracción disciplinaria por "desatender" y "retrasar injustificada y reiteradamente" la tramitación y resolución de los recursos que ha planteado contra la negativa del magistrado a aplicarle la amnistía.

En la denuncia presentada ante el órgano de gobierno de los jueces, cuya composición se renovó hace menos de dos meses, se señala al magistrado del Tribunal Supremo por no resolver dentro del plazo legal los recursos de reforma que presentó el expresident contra la resolución en la que este decidió no aplicarle la Ley de Amnistía al entender que la malversación de caudales públicos por la que está procesado entra dentro de las excepciones.

Pero también en relación al recurso que presentó el líder de Junts contra la nueva orden de detención nacional que el magistrado dictó en una segunda resolución el mismo 1 de julio en que dijo "no" a la amnistía de sus responsabilidades penales en el "procés".

Expone en la queja que el titular de la Sala Segunda tendría que haber decidido si admite o no a trámite los recursos "hace más de un mes". Teniendo en cuenta, por un lado, la fecha en que se interpusieron (8 y 9 de julio) contra el auto en el que rechazaba hacerle beneficiario de la medida de gracia, el día en que se dio traslado a las partes (22 de julio) y, por otro, el margen que para ello impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto es que la resolución debe efectuarse como máximo al segundo día de haber sido notificado a las partes.

Más aún, se señala, teniendo en cuenta que Llarena suspendió sus vacaciones el pasado día 7 de agosto con motivo de la reaparición de Puigdemont en Barcelona tras casi siete años huido y el dispositivo de los Mossos que fracasó en su detención. Por la segunda escapada del expresident requirió explicaciones tanto a la cúpula de la policía autonómica como al Ministerio del Interior de Grande-Marlaska, pero no se pronunció sobre los recursos.

Ambos hechos para la defensa de Puigdemont demuestran "lo malicioso de la dilación" porque "no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal".

El despacho Boye-Elbal le traslada así al Poder Judicial, aludiendo a la cronología de los acontecimientos judiciales en este caso, que Llarena tenía el deber de pronunciarse sobre los recursos durante la primera mitad del pasado mes de julio y que a día de hoy "siguen sin resolverse", pese a que ya denunció con anterioridad "el incumplimiento del pazo legalmente previsto".

Esta "inobservancia de los tiempos lealmente establecidos" en la que habría incurrido, pide que sea sancionada disciplinariamente como faltas muy graves, grave y leve en su ejercicio de la función jurisdiccional dentro de esta causa abierta por el desafío soberanista catalán de 2017.