Esta semana se ejecuta el primer pago del presidente en funciones, Pedro Sánchez, a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, prófugo de la Justicia, para intentar que pueda salir adelante su investidura. El independentismo lo celebra como «un paso de gigante» para avanzar en la conversión del Congreso en una «Cámara supranacional», como el Parlamento Europeo, en la que se sientan las distintas sensibilidades políticas y sociales de las naciones con representación en ella. La lengua es la primera vía a transitar para avanzar en esa dirección y de ahí que Puigdemont marcara este uso de las lenguas cooficiales como condición de base para abrir una negociación sobre su apoyo a la investidura de Sánchez. Desde Bruselas observan con asombro una decisión que contradice el discurso pedagógico sobre el independentismo que nuestra diplomacia lleva años «peleando» en las instituciones comunitarias.

Puigdemont no está improvisando nada, sino que todo forma parte de un plan trabajado desde hace tiempo y en el que también tiene escrita cómo debe ser la amnistía que ahora exige para dar su «sí» a Sánchez, según fuentes de Junts. La plurinacionalidad que se visualizará esta semana por la vía lingüística en el Congreso es leída en sectores socialistas como una «simbólica humillación» porque supone ver al presidente del Gobierno renunciar a que el español es la lengua común para todos los españoles.

El acuerdo de la Mesa del Congreso, por imposición de la alianza del PSOE con independentistas y nacionalistas, permite el uso de lenguas cooficiales antes incluso de la aprobación de la reforma. El Pleno de su ratificación arranca mañana con la toma en consideración. La alianza de la izquierda con los independentistas ha impuesto también que se tramite en lectura única, por lo que la sesión se retomará el jueves con el debate y la votación definitiva.

La proposición consta de un único artículo que modifica varios puntos del Reglamento. En primer lugar, se añade un apartado 3 al artículo 6, de tal manera que los diputados tendrán derecho a usar en todo los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos, cualquiera de las lenguas que tengan carácter de cooficial en alguna comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía. La reforma también afecta al apartado 2 del artículo 70 para avalar que los oradores puedan pronunciar el discurso en cualquier lengua cooficial, un derecho que no sólo se aplica para las intervenciones desde la tribuna.

El escrito de reconsideración que presentó el PP, para que se suspendieran los Plenos de los días 19 y 21, no tiene recorrido porque la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha negado a convocar una reunión extraordinaria de la Mesa para estudiarlo. El siguiente paso de los populares será la enmienda a la totalidad. «Combatiremos esta humillación con toda intensidad. No descartamos ninguna posibilidad. Nuestro respeto a las lenguas es inequívoco, pero nuestra apuesta por el sentido común, también».

En este uso de la lengua para avanzar en el camino del reconocimiento de Cataluña como Nación, el martes hay otra fecha marcada en rojo por Puigdemont. Es la reunión de los ministros de Asuntos Europeos de la UE y tienen en su mano la decisión, que debería tomarse por unanimidad, sobre la reforma del reglamento de lenguas oficiales para incluir el catalán, el euskera y el gallego. Fuentes diplomáticas de dos países comunitarios han confirmado a este periódico que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está llamando y presionando para orientar el debate europeo en favor de los intereses de Sánchez. Sin embargo, a pesar de que ostentamos la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, circunstancia que el Gobierno en funciones aprovechó para introducir este asunto en la agenda, la exigencia de Puigdemont no va a salir adelante en este cónclave comunitario. Para aplacar la posible represalia de Puigdemont, Moncloa está usando como escudo el capital diplomático utilizado en una cuestión que no está en su mano: todo a fin de evitar que este fracaso tenga un impacto directo en el sentido del voto de los siete diputados de Junts en el Congreso en la futura votación de una investidura del líder socialista.

Puigdemont está exigiendo que Sánchez pague por adelantado las condiciones que le impone porque no cree en su palabra. De hecho, Junts ya pidió al Gobierno en funciones un resguardo firmado y sellado como prueba de que había solicitado al Consejo de la Unión Europea la reforma del reglamento lingüístico para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales y de trabajo en el ámbito comunitario. Esta exigencia se encuentra con dos obstáculos: el coste para el presupuesto de la Unión y que no sólo España tiene lenguas cooficiales, también las hay en Italia o en Francia, por ejemplo.

Respecto al obstáculo presupuestario, en el caso del Congreso español la solución que dan desde la alianza socialista e independentista es tirar del fondo de remanentes que dispone la Cámara, y que se ha ido generando año tras año con las partidas presupuestarias no ejecutadas. La cifra asciende a más de cien millones de euros. Además, alegan que se utilizará el material que ya se emplea para las visitas de jefes de Estado extranjeros.