El Gobierno aplaza la reforma fiscal por falta de apoyo de sus socios

Cuestión de prioridades. El Gobierno ha preferido exhibir, una vez más, su debilidad parlamentaria a ir de la mano del principal partido de la oposición en una iniciativa clave para el devenir de la legislatura. Los partidos de la coalición vuelven a posponer, por segunda vez esta semana, la Comisión de Hacienda en la que se debería votar el paquete fiscal y lo hacen para dar más margen a la negociación con la mayoría de la investidura. De este modo, se dan hasta el próximo lunes a las 17:00 horas para lograr un acuerdo que permita armonizar los intereses de todos los socios en una cuestión muy controvertida, la política fiscal, en la que hay que compatibilizar las exigencias de Europa con las pulsiones ideológicas a izquierda y derecha. En Moncloa estaban dispuestos a ir hasta el final, incluso a perder la votación, para que fueran sus socios los que se retrataran si no salía adelante, pero el hecho de que el PP se abriera a ser su salvavidas ha hecho que den marcha atrás y pospongan la votación.

Los socialistas suspenden así la Comisión de Hacienda para evitar el «caramelo envenenado» que les ofrecía el PP, como ya advirtieron sus aliados minutos antes de que se pospusiera la sesión. Los populares se habían prestado a dar su apoyo para sacar adelante la votación de la ley que permite crear un impuesto complementario para que los grupos multinacionales tributen un mínimo del 15% efectivo. Una exigencia europea. Una salida, después de que quedase en evidencia la división entre los socios del Gobierno para pactar el paquete fiscal. Un acuerdo que había negociado el Ejecutivo, primero con PNV y con Junts, para eliminar el impuesto a las energéticas, y que no contaba con el aval de ERC, Podemos, Bildu y Sumar. Tras acordar la segunda suspensión en una semana, en el Gobierno pedían calma y aseguraban «seguir negociando» con los socios. Ven una oportunidad en este retraso de la comisión, aunque lo cierto es que las posiciones siguen muy distantes. Junts avisa de que solo votará a favor de la reforma fiscal sí se incluyen las enmiendas pactadas con el PSOE, dado que, además de la supresión del impuesto a las energéticas, logró limitar el gravamen a la banca a tres años.

El pacto fiscal es una nueva evidencia de la imposibilidad de la cohesión de los socios con el Gobierno en una legislatura donde se suceden las dificultades para mantener en el mismo bloque a todos los aliados. Entre los habituales –como ERC, EH Bildu o Podemos– ha molestado que Hacienda haya pactado primero con el PNV y Junts una reforma fiscal en la que se eliminaba el gravamen a las empresas energéticas –histórica reivindicación de la izquierda–. De hecho, desde este bloque se ha presionado a Hacienda de manera reiterada para que suspendiera la comisión y dar así más margen a la negociación. En esta ocasión, Hacienda ha comenzado la negociación por el flanco derecho, pensando que serían las resistencias más difíciles de vencer y que tras acercarles a posiciones «más progresistas» sería sencillo sumar a ERC, EH Bildu y Podemos. Nada más lejos de la realidad. A esto se suma que, si a última hora hubieran ido de la mano del PP, con el salvavidas que les ofrecían, hubieran comprometido una negociación más global, que va más allá del pacto fiscal y recorre también la senda de estabilidad y los Presupuestos para 2025 y para agotar la legislatura.

No obstante, hay voces entre la mayoría de la investidura que avisan ya de la dificultad extrema para poder mantener en la misma ecuación a todos los socios en la reforma fiscal. Unos aliados completamente enfrentados ideológicamente en materia económica complican las cuentas al Gobierno. Al tiempo que en la cuota minoritaria del Gobierno de coalición asumen que esto complica de facto la negociación presupuestaria. Más optimistas se muestran en el bloque de los socios donde, por ejemplo en Bildu, no creen que un fracaso en la reforma fiscal impida una negociación exitosa para las cuentas, aunque, admiten, que dependerá de Junts.

El desbloqueo del impuesto a la multinacionales es imprescindible para cumplir los hitos que marca Europa para el siguiente desembolso, el quinto pago, de los fondos Next Generation por valor de 7.000 millones de euros. Además, España se expone, a su vez, a una multa por parte de Bruselas si no consigue atar el apoyo de sus socios para aprobar el tipo mínimo de sociedades del 15% para las multinacionales. Todos los países tenían que cumplir con este requisito de Europa antes del 31 de diciembre de 2023 y España ya va tarde. Sin embargo, Hacienda explica que hay margen, porque que la ley tiene que aprobarse antes del 1 de enero.