La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha iniciado su tramitación este mismo martes en el Congreso. La iniciativa ha logrado superar el primer filtro parlamentario con el apoyo de 176 diputados. En concreto, han apoyado la toma en consideración los grupos que la han impulsado (PSOE, Sumar, Bildu y PNV), además de Podemos, Junts, Esquerra y BNG. En cambio, PP y Vox, que suman 170 parlamentarios, han votado en contra.

La iniciativa, bautizada como "ley Otegi" por el PP porque ha sido pactada entre el PSOE y Bildu, recoge cuatro cambios esenciales que van a vaciar de contenido la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y van a "desarmar" a los agentes policiales. En concreto, los cambios que se incorporan afectan al apartado 4 del artículo 37, relativo a las faltas de respeto, ya que ahora solo se considerará infracción cuando haya "expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión"; y, al apartado 20 del artículo 37, que convierte en infracción leve "la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes". Además, se crea una disposición adicional para eliminar las pelotas de goma; y, se buscarán fórmulas para acabar con las devoluciones en caliente.

Lo cierto es que la Ley de Seguridad Ciudadana ya estuvo a punto de ser derogada en la pasada legislatura, pero esos cuatro puntos generaron un choque de PSOE y PNV con ERC y Bildu y la iniciativa quedó tumbada. En esta legislatura, el Gobierno parece que sí que ha cedido a las peticiones de la izquierda independentista, que aspiraba a cambiar los dos apartados del artículo 37 porque consideran que por ahí se cuelan la mayor parte de las sanciones que se imponen con esta ley. Los socialistas defienden que con la "ley Otegi" cumplen con su "programa electoral" y, de hecho, reivindican que "nadie debería de sorprenderse" porque está "alineada con los valores constituciones".

El diputado David Serrada (PSOE) se ha encargado de defender la ley y ha augurado que va a "ser uno de los debates más relevantes de esta legislatura". Serrada, que ha acusado al PP de "haber engañado" a la Guardia Civil y la Policía Nacional con la "equiparación salarial", ha pedido a los populares que dejen de usar a los agentes "políticamente para frenar esta ley" porque la modificación legislativa "no la va a parar" nadie. "Ya no les engañan, lo han hecho ya demasiadas veces", ha afirmado Serrada, quien ha reivindicado que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana permitirá "no criminalizar el derecho de huelga" y "ampliar el derecho de manifestación". "Para ustedes, es una norma que solo debe proteger a una parte, para nosotros que debe proteger a todos los ciudadanos", ha dicho Serrada.

Miguel Tellado (PP) ha salido a responder inmediatamente al PSOE, al que ha acusado de protagonizar el "enésimo ejemplo de que certifica que el Gobierno está caduco y podrido". Para Tellado, la "ley Otegi" es el precio que tiene que pagar el Gobierno para lograr el apoyo de Bildu pese a que va a "rebajar la protección de un colectivo que siempre ha estado en el punto de mira" de ETA. "Va a suponer un mayor riesgo para los agentes", ha añadido el portavoz del PP, que ha acusado al Gobierno "no importarle la integridad de los agentes" a cambio de seguir en el "cargo". "Mertxe Aizpurua ha pasado de ser la voz de una banda terrorista a ser la voz del Gobierno", ha afirmado, antes de recordar que se registran 46 agresiones a agentes policiales cada día. "Cualquiera diría que algunos se están preparando para perder el Gobierno y volver a las calles", ha zanjado, antes de recordar que la Ley de Seguridad Ciudadana recibió el aval del Tribunal Constitucional.

Los socios del Gobierno han hecho énfasis en la protección de los manifestantes en detrimento de los agentes policiales. En este sentido, Jon Iñarritu (Bildu) ha asegurado que "las faltas de respeto a la autoridad son un cajón de sastre" ya que un "agente puede interpretar cómo y cuándo se aplican las sanciones, de manera arbitraria", mientras que la infracción por desobediencia ahora "se dota de una mayor objetividad". Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda ha señalado que las modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana tienen como objetivo que se preste más atención a la "garantía de los derechos y las libertad" en vez de que la iniciativa esté "regida o dominada por la idea de policía de seguridad en sentido estricto". En todo caso, el PNV ha advertido ya de que va a presentar enmiendas encaminadas a corregir la ley de Bildu y PSOE para "mantener el principio de autoridad" de los agentes.