El pacto PP-PSOE para renovar el CGPJ no admite reproche porque es un acuerdo bien trabajado y mejor acabado. De no ser por Bruselas, igual no hubiese sido posible. El resultado no admite interpretación en el sentido de que el nuevo órgano de los jueces esté sectarizado.

No lo está, pues su representación es paritaria y alberga mecanismos de mayoría cualificada para adoptar decisiones. Al final, habrán de ser los jueces quienes tengan que ponerse de acuerdo. Es de lo que se trata.

Se oponen al pacto los extremos, en base a criterios incompatibles con un poder judicial independiente. Quienes lo critican desde posiciones radicales lo hacen en la convicción errada de que el CGPJ debería funcionar sobre sus postulados, algo inadmisible. Hay que aspirar a tener un poder judicial auténticamente independente, gane quien gane las elecciones. El modelo actual de cuotas por partidos no es bueno, y ha de ser reformado.

El compromiso alcanzado establece garantías para evitar que el rodillo sanchista funcione como ahora funciona el Tribunal Constitucional. Y el pacto prevé mecanismos para que, a futuro, la elección de vocales se realice bajo el estricto criterio de los magistrados, que deberán proponer una norma para que la aprueben Congreso y Senado.

Llevar el caso a Europa es un acierto de Feijóo

Cierto que el crédito del presidente del Gobierno es ninguno en cuanto a la credibilidad de su palabra, motivo por el que cabría suponer que la ley aflorada por el CGPJ pudiera ser rechazada sin más por la mayoría frankenstein de la cámara baja.

Puede ocurrir, en efecto, aunque el problema de Sánchez entonces es que tendrá enfrente a la Comisión Europea, árbitro de un trato que sólo culminará cuando los jueces intervengan de manera decisiva en la elección de los jueces. Algo que el convenio garantiza, si los firmantes no lo vulneran.

Importante es papel jugado por la UE, ahora que a muchos nos asaltan dudas sobre el funcionamiento de la UE. A Sánchez le han obligado a firmar un documento que no quería, pues su solución pasaba por aprobar una nueva ley sectaria, que le permitiera manejar el Consejo como hoy el TC.

El Constitucional no es un tribunal de casación

Llevar el caso a Europa ha sido un acierto de Feijóo, y así hay que reconocerlo. La solución no era un CGPJ a las órdenes del PP y la derecha, como algunos pretenden. La solución es un Poder Judicial paritario, con resortes de control que permiten su independencia.

Resuelta la renovación del CGPJ, el problema ahora de la Justicia es otro. El problema se llama Tribunal Constitucional. Y lo es porque se está excediendo en sus atribuciones constitucionales, como saben los miembros de la mayoría izquierdista que toman decisiones al margen de sus competencias.

Como la propia Carta Magna dice, tales competencias son: conflictos constitucionales entre instituciones y leyes, y la vulneración de derechos fundamentales. No es un tribunal de casación por encima del Supremo. No es una instancia que deba administrar justicia quitando o poniendo años de cárcel, como está haciendo. No está para mutar la Constitución con resoluciones inconstitucionales, sino para aplicar estrictamente lo que ésta establece.

Algo que no ocurre, al haberse transformado en un tribunal político que destroza sentencias del Supremo y las vuelve a redactar para favorecer a la mayoría gobernante. Dice cierto miembro de la Judicatura, que los miembros del TC que así actúan lo hacen a sabiendas.

O sea, que estarían prevaricando. Usando la propia terminología del actual presidente sanchista del TC, se están “manchando” la toga conscientemente. Tienen la gran ventaja de que por encima de ellos no hay otro tribunal para corregirles. Por eso actúan así, con plena impunidad. Salvo que alguien decida demandarles.