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Audiencia Nacional

Prisión sin fianza para Aldama, comisionista de la "trama Koldo", por el fraude de los hidrocarburos

El juez Pedraz le imputa delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo y fraude tributario

El emprerasio Víctor de Aldama, en su comparecencia en la Audiencia Nacional por el "caso Koldo" SERGIO PEREZEFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso en prisión incondicional para Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, por su implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. El magistrado le atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo y fraude tributario.

En la resolución en la que acuerda la medida, a instancias de la Fiscalía, Pedraz sostiene que la supuesta organización criminal a la que pertenecería "diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados". De hecho, explica que según la investigación a cuentas bancarias de su titularidad se transfirieron "fondos de procedencia delictiva". "Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar -afirma el juez- todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada".

Hasta el momento, se han identificado transferencias al exterior por un importe total de 73,9 millones de euros a Portugal, Colombia y China.

Al frente de esa organización, el juez sitúa al propio Aldama y a otro de los investigados, Claudio Rivas Ruíz-Capillas, y por en un escalón inferior, María Luisa Rivas Ruíz-Capillas, que recurrían a otros cooperadores "y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras".

Esa "compleja estructura societaria" estaría conformada, según la investigación, por Still Growing y ocho empresas de hidrocarburos: Villafuel SL, Cnary Islands Fuel Company, Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón-Plaza, Obaoil 3000 SL, Casmar Hidrocarburos, Espaeventos y Skyward Tech, que habrían desarrollado "una operativa comercial que les permitió, entre 2022 y 2024 perfeccionar delitos contra la Hacienda Pública cuyo fraude ha sido cuantificado inicialmente en 182.513.923,15 euros". Los responsables de la supuesta trama, explica el magistrado, "adquirieron empresas administradas por testaferros, cuya operativa y gestión era dictada y ordenada" por ellos.

Desde el 21 de noviembre de 2022, Aldama dispone de un poder general otorgado por Claudio Rivas sobre la estructura Still Growing SL, cuando Villafuel "ya disponía del título de operador". El 29 de diciembre de 2022, Still Growing vendió por un euro sus participaciones en Businesscity a través de Deluxe Fortune, que adquirió por 342.637 euros a MTM 180 CAPITAL, empresa propiedad de Aldama.

Además, hace hincapié el juez de la Audiencia Nacional, el dominio real que ejercían Rivas y Aldama en Villafuel "se corrobora a través de las declaraciones testificales en las que los trabajadores" de dicha sociedad "nombraron y confirmaron a Claudio Rivas como el máximo responsable y jefe" de Villafuel. Del mismo modo, añade, una extrabajadora relacionó a Aldama con esta mercantil a través de actos notariales y de su amistad con Rivas. Asimismo, una anotación encontrada en el despacho de María Luisa Rivas "mostró el esquema" descrito y "diseñado por los responsables de la organización criminal", pues detalla el porcentaje de participaciones de los dueños de las distintas sociedades instrumentales y cómo, todas ellas, "dependen de la patrimonial Still Growing.

Villafuel, según ha aflorado en la investigación judicial, era una sociedad creada "para lograr sustentar el título de operador", lo que permitía a la trama "operar en el mercado a través de la estructura instrumental de suministradoras" y, de esa manera, "perfeccionar el fraude". Sin ese título, la supuesta operativa de fraude "no habría tenido lugar". Y es que, destaca Pedraz, pese a tener apariencia de empresa solvente y contar con dos sedes sociales en el momento en que se llevaron a cabo los registros policiales, "únicamente contaban con dos trabajadores, llegando a tener un máximo de tres trabajadores simultáneamente". Ambas empleadas ratificaron este extremo en sus declaraciones policiales el pasado lunes.