El Parlamento Europeo debatirá el miércoles sobre la ley de amnistía

La Eurocámara debatirá el próximo miércoles en la sesión plenaria que tendrá lugar en Estrasburgo (Francia) la ley de amnistía española a propuesta del Partido Popular Europeo (PPE), después de la luz verde recibida por parte del resto de grupos políticos del Parlamento Europeo. El debate tendrá como título «Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España» y ha contado con el voto a favor de los populares, los liberales (grupo en el que se encuadra Ciudadanos), los conservadores y reformistas ( fuerza que incluye a Vox) e Identidad y Democracia (grupo al que pertenece la Agrupación Nacional de Marine Le Pen). Han votado en contra socialistas, verdes y la izquierda unitaria.

Aunque no se espera una resolución, en el debate intervendrán representantes de la Presidencia semestral, que casualmente recae en España, así como de la propia Comisión. También será una oportunidad para comprobar si el debate está copado por los eurodiputados españoles, como en otras ocasiones en temas de política nacional, o existe una preocupación europea real por esta medida de gracia y eurodiputados de otras nacionalidades piden intervenir. En los últimos días esta ley ha acaparado la atención de los medios internacionales y periodistas de diferentes países han preguntado por la cuestión en ruedas de prensa.

Por el momento, el Ejecutivo comunitario se ha mostrado prudente a la hora de valorar la nueva ley de amnistía. Tras pedir información detallada a nuestro país antes de que el texto viera la luz, el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado ya la proposición de ley, que ha comenzado a ser estudiada por los técnicos comunitarios. El Gobierno también ha mostrado su disposición a reunirse en Bruselas con las autoridades comunitarias para esclarecer dudas, pero todavía se desconoce la fecha de la cita.

Prudencia

Al ser preguntado hoy por la cuestión, el comisario de Justicia, Didier Reynders, se mostró prudente y prefirió no hacer valoraciones precipitadas. El pasado martes, la Comisión Europea tuvo que salir al paso de las informaciones que apuntaban a una evaluación preliminar por parte del Ejecutivo comunitario a favor de la nueva normativa.

En todo caso, ahora Bruselas está estudiando si en el articulado de la ley de amnistía existe algún elemento que ponga en cuestión los intereses financieros de la Unión Europea. Las instituciones comunitarias se han dotado de un mecanismo sobre el Estado de derecho que condiciona el desembolso de los fondos europeos a que se pongan en cuestión los intereses económicos de la Unión, lo que ha llevado a castigar aPolonia y Hungría por su deriva autoritaria.

El artículo 2 del borrador de la ley de amnistía remitido al Congreso hace una mención expresa a que no se ponen en peligro estos intereses financieros, y ahora Bruselas debe estudiar si esta promesa es cierta.

Además, Bruselas también está examinando si la ley de amnistía abarca los denominados casos de «lawfare», lo que se entiende como la utilización espuria de los mecanismos de la Justicia para la cacería política. Aunque en el acuerdo político entre socialistas y Junts abre la puerta a que las comisiones parlamentarias puedan examinar este tema, lo que podría poner en cuestión la separación de poderes, la ley de amnistía únicamente se refiere a los actos que están vinculados de manera directa o indirecta al proceso independentista y no se menciona de manera expresa el «lawfare».

"Lawfare"

Esto, en un principio, podría hacer más difícil que Bruselas actuara en este flanco, si las comisiones parlamentarias antes mencionadas no desembocan en alguna legislación específica que suponga la persecución de los jueces españoles. A pesar de esto, la presidenta de Junts, Laura Borrás, confía en poder acogerse a la amnistía como víctima de ese «lawfare», a pesar de que este término solo aparezca en el acuerdo político y no en la ley propiamente dicha.

Aparte de la posibilidad de congelar los fondos europeos, la Comisión Europea puede activar el artículo 7, el denominado en los pasillos comunitarios como «botón nuclear», que puede desembocar en su último estadio en la pérdida del derecho de voto del Estado miembro concernido. Hasta ahora, tan solo se ha pulsado este «botón nuclear» en el caso de Polonia y Hungría, después de que la Comisión Europea hubiese abierto numerosos procedimientos de infracción a los dos países al constatar una violación sistemática del Estado de Derecho. El artículo 7 es un procedimiento que puede ser activado tanto por el Ejecutivo comunitario como por la Eurocámara.