Ofensiva de las acusaciones para expulsar al PSOE del "caso Koldo" y evitar que "entorpezca" la investigación

La mayoría de acusaciones populares del "caso Koldo" no quieren compartir actuación procesal con el PSOE y así lo ponen de manifiesto en los recursos que están presentando contra la decisión del juez Ismael Moreno de permitir a la formación liderada por Pedro Sánchez ejercer la acusación. Hasta el punto de que acusaciones como Iustitia Europa lo consideran "una actuación teatral" para esconder su objetivo de tener "acceso privilegiado" a la investigación sobre la adjudicación a la empresa de la supuesta trama de los contratos para la adquisición de mascarillas en pandemia por parte de administraciones gobernadas por los socialistas.

La decisión del juez de acceder a la pretensión del PSOE se produjo con el visto bueno de la Fiscalía, que trasladó a Moreno que no apreciaba "obstáculo alguno" para impedir "el ejercicio de la acusación popular por este partido político" en las "mismas condiciones" que el resto de la acción popular.

También Hazte Oír ha instado al instructor a rectificar y dejar fuera de la acción popular al PSOE, dado que entiende que su petición de personación en la causa constituye "un ejercicio de mala fe procesal" y un "abuso de derecho y fraude de ley" porque, asegura, la formación persigue "un fin contrario al propio del instituto de la acusación popular, que no es otro que el interés prevalente de la averiguación de la verdad".

La acusación asegura que a lo largo de la instrucción "el PSOE puede verse directamente implicado como investigado, ya por financiación ilegal, ya como partícipe a título lucrativo", por lo que su personación "no tiene por objeto la investigación de la realidad de lo sucedido, sino precisamente el entorpecimiento de tal investigación".

Según el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, el Partido Socialista busca "un resultado contrario a derecho", algo que considera que se pone de manifiesto en el hecho de que "no se personaran hasta el momento en que uno de los investigados", el empresario Víctor de Aldama, "implicó en su declaración, de alguna manera, a miembros del actual Gobierno".

Para la acusación popular, el deseo del PSOE de ejercer la acusación se ha avivado a raíz de que Aldama hablara en su declaración judicial de "cupos" en relación a "repartos de zonas de influencia de distintos miembros del PSOE" y señalara directamente al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (a quien según el comisionista Koldo entregó en su presencia un sobre con 15.000 euros, algo que el dirigente socialista niega). Hazte Oír también apunta como detonante de ese interés del PSOE en ser parte en el "caso Koldo" a las declaraciones de Carmen Pano, "de la mercantil Have Got Tim, comercializadora de hidrocarburos al por mayor, en relación a haber llevado bolsas con 90.000 euros a la sede del Partido Socialista en Ferraz".

Por su parte, Iustitia Europa mantiene que lo que pretende el PSOE es "obtener acceso privilegiado a información procesal sensible para desviar la atención sobre su supuesta implicación en los hechos investigados". Y también hace referencia a las supuestas entregas de dinero por parte de empresarios en la sede socialista de Ferraz, lo que en su opinión refuerza la hipótesis de que "ciertos miembros del partido habrían tenido supuestamente conocimiento o participación en operaciones ilícitas relacionadas" con los hechos investigados.

"La relación entre Carmen Pano y su hija Leonor María González Pano, sumada a las transferencias de dinero y bienes entre las sociedades de ambas, constituye un nexo de interés procesal que debe investigarse sin interferencias que puedan surgir de la personación del PSOE en calidad de perjudicado o interesado", defiende el letrado de Iustitia Europa, Luis María Pardo.

Para la acusación, mantener al PSOE como acusación popular vulnera el principio de igualdad procesal (sostiene que así se crea "una ventaja estratégica indebida al convertir su rol de posible perjudicado en una posición que podría usarse para interferir en la investigación") y entraña un riesgo de contaminación de la prueba. Además, asegura que el PSOE no ha acreditado suficientemente que los hechos bajo investigación "afecten directamente al partido como entidad jurídica", por lo que niega su legitimación para ejercer la acusación. Por último, aprecia un posible conflicto de intereses "considerando las acusaciones de implicación en los hechos investigados". Por tanto, su presencia en la acción popular es solo "una actuación teatral" destinada a convencer de su inocencia mientras inspeccionan a fondo la función judicial para manipular el guion a su favor".

Liberum atribuye el interés del PSOE a la declaración de Aldama

La Asociación Liberum -que ha pedido al Supremo que en la investigación a Ábalos, Aldama y Koldo separe a las acusaciones "políticas" del resto- también está en contra de la presencia del PSOE en el procedimiento. En su recurso a la decisión judicial de permitirle ejercer la acusación popular, su abogada, Inmaculada Jaén, cuestiona especialmente que el PSOE justificase su decisión de ser parte en el procedimiento "en representación de sus afiliados". Para la asociación, resulta necesario que, en base al principio de legalidad y transparencia, el partido aporte "el acuerdo refrendado por los afiliados" acordando la intención del PSOE de personarse como acusación popular, "y en cualquier caso" el adoptado al respecto "por las ejecutivas de las agrupaciones socialistas de toda España".

Y es que para la Asociación Liberum el partido que lidera Pedro Sánchez no puede ejercer la acusación en el procedimiento tras las declaraciones de Carmen Pano sobre supuestos pagos en la sede de Ferraz. Según expone, el "detonante" de su interés en ser parte de la causa ha sido la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional "con mención expresa" de tres personas pertenecientes a la máxima esfera del PSOE" (el ministro Ángel Víctor Torres, el secretario de Organización Santos Cerdán y el jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero, Carlos Moreno), a quienes implicó en el reparto o petición de supuestas comisiones.

De ahí que considere que su justificación de actuar "en representación de sus afiliados y del interés general" de la ciudadanía "no se justifica". "Si tal era la preocupación y la alarma social generada", argumenta la letrada, "podrían haberse personado justo en el inicio del procedimiento".

Además, hace hincapié en que al anunciar una querella en bloque contra Aldama, pendiente de un acto previo de conciliación, el PSOE "ha tomado una postura en favor" de esas tres personas al considerarse la formación "perjudicada por esta declaración", en alusión a la posible comisión de delitos de injurias y calumnias por las acusaciones del empresario.