El Gobierno sigue despreciando al Poder Legislativo, tal y como se ha podido comprobar durante esta legislatura, tanto en el Congreso como en el Senado –donde el propio Sánchez solo ha acudido una vez este año–. Al desplante del presidente del Gobierno durante este mes al Congreso –de tres sesiones que se celebrarán en septiembre solo ha acudido a una– se unen las maniobras del Ejecutivo para escapar del control parlamentario.

El Gobierno, consciente de su debilidad, intenta saltarse los reproches que llegan ya tanto por parte de la oposición como de sus socios. En una clara falta de respeto al Poder Legislativo, el Gobierno, para evitar admitir en público su fragilidad, ha puesto en marcha una nueva práctica con la que elude el control. Se trata de registrar primero a tiempo ausencias por parte de los ministros más solicitados por la oposición de cara a la siguiente sesión de control y, una vez ha transcurrido el tiempo para registrar preguntas o interpelaciones al Gobierno –los jueves anteriores al pleno antes de las seis de la tarde– tras cerrarse el orden del día, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, comunica que los ministros ausentes por motivos de agenda, ya pueden acudir a la sesión de control .

Así ocurrió la pasada semana, el martes 17 de septiembre. El Gobierno comunicó a través de su secretario de Estado que, entre otros, el ministerio de Presidencia estaría ausente en la sesión de control del próximo miércoles. Más tarde, el viernes, cuando ya había acabado el plazo para que los grupos políticos registraran preguntas a los ministros presentes, el Ejecutivo confirmó que el ministro Félix Bolaños podía acudir a la sesión de control. No es la primera vez, según ha podido comprobar LA RAZÓN. Ocurrió también en la primera sesión de control de este mes tras el verano, con el ministro de Economía, o la pasada semana, con el ministro de Asuntos Exteriores. Ya antes del verano, también el mismo guion.

Ante esta práctica, el PP ha registrado una queja y solicita amparo a la mesa del Congreso y a su presidenta, Francina Armengol. Denuncia una «artimaña» por parte del Gobierno para «eludir el control del Parlamento» al entender que tanto su «renuencia a comparecer» como su «obstruccionismo» a iniciativas de los grupos de la oposición o sus «faltas de asistencia a las sesiones de control de los plenos» son actitudes características de un Ejecutivo con «pulsiones autoritarias».

De hecho, los populares recuerdan en su escrito dirigido a la mesa del Congreso -al que ha tenido acceso este diario- la declaración del propio Pedro Sánchez afirmando que gobernará «con o sin el concurso del Poder Legislativo», lo que para el PP es la confirmación de lo que el Gobierno está haciendo: «Esquivar los controles de la democracia parlamentaria»

Estas ausencias confirman para el PP que se trata de un «Gobierno ausente de sus obligaciones e irrespetuoso con los diputados que ejercen sus funciones de controlar su gestión». El PP recuerda que el artículo 188.3 del Reglamento recoge que la pregunta para la respuesta oral en el Pleno la contestará el Gobierno, y que el Gobierno puede decidir qué ministro responde, pero que ello no puede interpretarse como «excusa para eludir responder al control de la oposición». Además, los populares recuerdan que deben quedar justificadas las ausencias, puesto que la motivación es un deber constitucional (artículo 120.3 CE). Igualmente, avisan de que la ausencia de comunicación «cercena los derechos de unos parlamentarios», por lo que merecen «el mayor reproche por parte del Congreso. Así, el PP exige la intervención de los órganos superiores de la Cámara para «impedir su repetición». Advierten los populares que la actitud del Gobierno contraviene el artículo 23 de la Constitución, al limitarse el derecho a ejercer la función parlamentaria y, con él, el derecho de participación ciudadana. Para el PP, el Ejecutivo busca convertir el Parlamento «en un órgano al servicio del Gobierno al que acudir solo para escuchar discursos de sumisión al líder y no de crítica». "Un ataque gravísimo contra la separación de poderes, el pluralismo político y los derechos constitucionales de la oposición que deben impedir los órganos superiores de la Cámara", reclaman a la mesa del Congreso y a la presidenta de la Cámara Baja, a la que advierten también del "daño" que sufre el Congreso ante la actitud de un Gobierno "que se niega reiteradamente a comparecer ante la Cámara para rendir cuentas de su gestión y responder a las cuestiones que les formulen los diputados".