El periodo de «reflexión» que Pedro Sánchez se dio para valorar si «merecía la pena» seguir al frente del Gobierno tras la investigación judicial a su mujer, Begoña Gómez, se saldó con un compendio de medidas que tardó casi cinco meses en ver la luz. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de septiembre el «Plan de acción para la democracia», un documento con 31 medidas que se incardinaron en tres ejes: «ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar una información veraz y, por último, un refuerzo de la transparencia del poder legislativo y sistema electoral».

Pese a que Sánchez lo anunció como un «punto y aparte» en su «lucha incansable por la regeneración pendiente de nuestra democracia», el documento no deja de ser una declaración de intenciones. El Gobierno se da dos años –los que restan de legislatura, en caso de que se culmine– para ir acometiendo las sucesivas reformas que componen el plan. Con una redacción que apenas aporta concreción sobre las mismas, el Ejecutivo se limitó a establecer una enumeración de prioridades que se irían asumiendo a medida que se contase con el apoyo parlamentario suficiente para sacarlas adelante. Entre los aspectos más controvertidos de esta hoja de ruta se ubica todo lo relativo al control y limitación a los medios de comunicación, dado que, tras las investigaciones judiciales al entorno del presidente, Sánchez asumió en primera persona la batalla contra lo que definió como «pseudomedios», a los que les otorga un papel decisivo en el «ciclo del bulo».

En este ámbito, el Gobierno se propone conocer quién está detrás de los medios y cuánta financiación y con qué origen la reciben. En concreto, se promoverá la creación de un registro de medios de comunicación, en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que les sustenta. Se establecerá la obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas –algo que, a día de hoy, el Gobierno central no cumple– y se establecerán límites a la cuantía que estas administraciones pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados o dependientes de las mismas.

El órgano encargado de supervisar y tutelar este registro será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a quien se le otorgarán nuevas atribuciones que no ostenta en la actualidad para realizar esta fiscalización y cuyo diseño está entrañando más dificultades de las inicialmente previstas. «La ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia honestas», resuelven desde el Ejecutivo. El plan que el Gobierno vendió como propio no es ninguna novedad ni lleva su firma, pues bebe del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación que se aprobó en 2023 en el seno de la Unión Europea. Aunque se trata de una legislación de aplicación directa, su despliegue sí que necesita de ciertos retoques normativos.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, el Consejo de Ministros iniciará hoy este despliegue con la aprobación del Anteproyecto de Ley sobre el Reglamento de Medios, con modificaciones en varias leyes, entre ellas, la de Comunicación Audiovisual, para adaptar algunos de sus aspectos a la EMFA (por sus siglas en inglés, European Media Freedom Act) y permitir que pueda realizarse esta aplicación directa. Se sientan así las bases jurídicas de lo que será el futuro registro de medios y la reforma de la ley de publicidad institucional, que también se está ultimando, y que pretende limitar la financiación pública que reciben los medios para evitar que estos recursos sean su única vía de ingresos. También se impondrán criterios más cualitativos que cuantitativos, como el número de suscriptores, y se penalizará la tasa de rebote de los diarios digitales y el tráfico que los medios reciban desde redes sociales o de plataformas externas. El pasado mes de diciembre, el Gobierno ya avanzó en las reformas del «Plan de acción para la democracia» ampliando el derecho de rectificación contra la prensa crítica y los usuarios de redes con más seguidores cuando publiquen «noticias falsas o inexactas».