El Ministerio de Educación no tiene conocimiento sobre incidencias y denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos en centros escolares porque, «a pesar de la extrema sensibilidad que genera» en su ámbito «todo lo relativo» a este asunto, asegura que «corresponde a las administraciones públicas competentes ordenar, regular y ejercer la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial».

Es la contestación que el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, ofrece a una serie de preguntas por parte de un ciudadano en base a la Ley de Transparencia por medio de un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Los interrogantes parten de las acusaciones sobre abusos en el marco de la Iglesia Católica y el «tratamiento y gestión» de estos datos en la administración. Cuestiones que van desde las «inspecciones y sanciones» por parte de la cartera hoy responsabilidad de Pilar Alegría; de «cuántos abusos sexuales realizados por religiosos en colegios tiene constancia ese ministerio, año a año, desde 1982»; sobre «qué informes o estudios dispone» sobre el particular; si ha participado «de alguna manera en el informe del Defensor del Pueblo y, en caso afirmativo, en qué medida», además de su «postura» en relación a la denuncia de Ángel Gabilondo; «cuántas incidencias y denuncias sobre abusos sexuales ha recibido ese ministerio desde 2018 y quién fue el autor (otros alumnos, profesores no religiosos, religiosos, etc)»; y asimismo sobre las «estadísticas que ha manejado, si es que las tiene, sobre el asunto en los colegios en general, y en particular los provocados por los religiosos»; si «ha creado alguna vez una comisión de investigación o similar» para abordar el problema y, en tal caso, «cuáles fueron sus conclusiones», aparte de si «ha llevado a cabo ese ministerio alguna encuesta» y, «en caso afirmativo, conocer el resultado».

La conclusión del Ministerio de Educación, que «resuelve conceder el acceso a la información pública de la que dispone», es que no le compete, aparte de no tener referencia de estos sucesos. «Sin dejar de tomar en cuenta la gravedad de los hechos», asegura que «es en el Código Penal anterior a 2022 donde los abusos sexuales están tipificados como un delito cuya persecución corresponde al Ministerio del Interior y su sanción, al Ministerio de Justicia».

«Aun conociendo la extraordinaria relevancia del “Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”», que valoran como una «respuesta necesaria del Defensor del Pueblo», afirman en Educación que «no obran en los archivos de esta Secretaría este tipo de datos».

«No obstante», desde el ministerio apuntan que «es una prioridad velar por el bienestar emocional y físico de todo el alumnado y así lo demuestran las medidas e iniciativas que se han puesto en marcha (figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección, diversos grupos de trabajo en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, Programa de Cooperación Territorial de Bienestar Emocional, servicio de atención telefónica en casos de maltrato y acoso escolar, etc.)».

El interesado considera que «en el tema de los presuntos abusos en el marco de la Iglesia Católica el Gobierno está asumiendo un papel tendencioso» y cree que el Ministerio de Educación se «está poniendo de perfil».

Hay que recordar que el documento presentado por Gabilondo deja claro que los escenarios más habituales de las agresiones fueron, con mucha diferencia, los centros de enseñanza (63,2%).

La mayoría de los testimonios recogen abusos cometidos entre 1960 y 1980, pero se han registrado episodios más recientes, de la década de 2010.

En opinión del reclamante, la cartera de Alegría es «responsable de esa realidad desde el momento en que tiene funciones de control a través de la Alta Inspección de Educación, que está por encima de las competencias de las comunidades autónomas».

Este organismo, que vela por garantizar el cumplimiento de las competencias que le están atribuidas en materia de enseñanza, asume además la observación de los principios y normas que desarrolla el artículo 27 de la Constitución. En concreto, el apartado que tiene por objeto el «pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».

El informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica en España que cifraba en 220.000 las posibles víctimas de religiosos tuvo una importante repercusión tras ser hecho público el pasado 27 de octubre. La Conferencia Episcopal se disculpó pero ha cuestionado las estimaciones de afectados, calificándolas de «mentiras».

Se trata de 777 páginas que recogen los ámbitos de actuación, la metodología y testimonios de las víctimas. No se escatiman críticas a la Iglesia Católica.

Días después de conocerse los datos, la Conferencia Episcopal Española (CEE) anunció que trabaja en la elaboración de un Plan de reparación integral a las víctimas de abusos en su seno que incluye indemnizaciones económicas. Se procederá siempre de esta manera con las víctimas de abusos, tanto si hay sentencia judicial como cuando no la haya, bien porque el abusador haya fallecido o porque el caso haya prescrito.

En estas situaciones, la Iglesia estudiará caso a caso y «si hay una convicción moral de que ha habido abuso sexual», determinará la indemnización.

Lo que sí ha dejado claro es que no será la propia Conferencia Episcopal la que asumirá ningún pago: serán los victimarios o, en su caso, las instituciones implicadas (diócesis o institutos de vida consagrada). La Iglesia se desvincula del fondo de reparación propuesto por el Defensor del Pueblo en su informe sobre la pederastia en la Iglesia, tal y como ya advirtieron en su día.