Asociaciones de la Guardia Civil y una gran parte del Cuerpo han venido denunciando en los últimos tiempos que el Gobierno quiere ir arrinconando, hasta hacer desaparecer, a la Benemérita con las decisiones que ha ido tomando el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. En este sentido, uno de los núcleos de actividad de la Guardia Civil siempre ha sido el mundo rural y una de las amenazas que pende ahora sobre el Cuerpo es una reestructuración territorial que recorte el número de cuarteles por toda la geografía española y que, según advierte el PP tras una orden aprobada por el Gobierno en el pasado mes de diciembre, ya hay la previsión del cierre de 61. Ante esta amenaza, el PP ha iniciado una ofensiva para frenar cualquier merma de la Benemérita en el mundo rural: en este sentido, ha registrado ya (30 de agosto) una proposición no de ley (PNL) para su debate y votación en la próxima Comisión de Interior que apuesta por reforzar la presencia de la Guardia Civil en los pueblos de España.

Según recoge en su exposición el PP en la PNL, la reestructuración territorial de la Guardia Civil pone en amenaza hasta 585 puestos del Cuerpo en unas áreas en las que hay ahora mismo 8.000 agentes desplegados. Esta circunstancia, a juicio del partido de Alberto Núñez Feijóo, pone de relieve que el Gobierno "sacrifica el derecho a la seguridad de las pequeñas localidades", donde la Guardia Civil está desplegada, ya que la previsión es establecer núcleos operativos en las localidades más grandes que van a ir comiendo terreno a los puestos más pequeños, hasta el punto de que "se queden sin competencias". En este sentido, los populares no solo denuncian que se menoscaba el derecho a la seguridad de los habitantes de los pueblos de España, sino también se desincentiva la posibilidad de que haya españoles que se planteen marcharse a vivir a zonas rurales teniendo en cuenta la posibilidad de teletrabajar.

La PNL del PP, liderada por Ana Vázquez, cuenta con doce puntos. El primero insta al Gobierno a "reforzar el despliegue territorial de la Guardia Civil"; el segundo, a "comprometerse a mantener su presencia" en todos los cuarteles desplegados por España, dotando de más medios personales y materiales; el tercero, a "colaborar" con los Ayuntamientos de las zonas rurales en el mantenimiento de la seguridad ciudadana; el cuarto, a "paralizar urgentemente" el traslado de las Unidades de Fronteras y Fiscal, que produce un "agravio" a las zonas de baja densidad poblacional; el quinto, a "no proceder" al cierre de ningún puesto de la Benemérita; el sexto, a "reforzar" todos esos puestos en aquellas zonas sin policía local; el séptimo, a cubrir todas las plazas que aparecen sin ocupar actualmente; el octavo, a "elaborar un Plan de Incentivo Profesional y Económico" para los agentes que ocupen puestos de baja demanda en la España rural; el noveno, a "utilizar urgentemente" las vacantes del personal de reserva sin destino para dotar de más agentes a los cuarteles; el décimo, a "parar el desmantelamiento" del Seprona; el undécimo, a "aprobar" en las próximas convocatorias de empleo público las plazas suficientes para cubrir las bajas existentes; y, la decimosegunda, a "realizar" las inversiones suficientes para mejorar los cuarteles que estén en mal estado.

De esta manera, con este plan, el PP aspira a reforzar a la Guardia Civil en un momento en que acusan al Gobierno del "desmantelamiento de la seguridad en las zonas rurales". Además de la reestructuración territorial, que supone un recorte de cuarteles (actualmente, hay cerca de 2.000 en toda España), los populares también advierten de la propia atención que prestan los guardias civiles ya que hay cada vez menos puestos que abren las 24 horas del día. En este sentido, con la cada vez mayor escasez de agentes, será cada vez más difícil cubrir los puestos que hay y eso va a ir en detrimento de la presencia policial en la España rural, algo que el PP quiere evitar.