Lesmes y Catalá no han hablado desde la polémica de «La Manada»

El CGPJ cierra filas en torno al magistrado discrepante de la sentencia e insiste en cuestionar al ministro.

Las polémicas manifestaciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el magistrado Ricardo González, quien abogó por la absolución de los acusados de «La Manada», han provocado que el Consejo General del Poder Judicial cierre filas en torno alcitado juez y algunos de los vocales del núcleo duro, la Comisión Permanente –que preside Carlos Lesmes–, se hayan encargado de repetir por activa y pasiva que no hay ningún dato que permita dudar de la profesionalidad del magistrado y, a la vez, poner de manifiesto que las palabras de Catalá han hecho de todo menos un favor a la Carrera Judicial. En estos momentos, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ no tiene abierto ningún expediente al juez Ricardo González ni se ha presentado queja alguna contra él. Tampoco el titular de Justicia y el presidente del Consejo han mantenido en las últimas horas ninguna conversación con el fin de limar asperezas tras lo sucedido, según señalaron a este periódico fuentes próximas al órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

Sobre todo lo sucedido, el vocal del Consejo José María Macías, miembro de la Comisión Permanente, señaló, en declaraciones a LA RAZÓN, que las manifestaciones de Catalá, en las que decía que el juez Ricardo González tenía «algún problema singular», no contribuyen precisamente «a proporcionar credibilidad a las instituciones y son poco prudentes. En el terreno de la lógica no es lo que cabe esperar de un responsable público».

En todo caso, quiso dejar claro que la defensa hacia la profesionalidad del citado magistrado no tiene nada que ver con una actitud o reacción corporativista: «El CGPJ lo que hace es reaccionar ante esas manifestaciones y cuando todas las asociaciones de jueces y fiscales, pese a sus muy diversas ideologías, han pedido su dimisión, lo que pone de manifiesto es que se ha cometido un error –por parte del ministro– y que convendría enmendarlo».

En este sentido, pidió no insistir en el mismo tema y que no se continuara «en una línea que no es la adecuada».

Por otro lado, insistió en que no se ha producido ninguna queja contra el magistrado en cuestión y que, por lo tanto, no existe abierta ninguna diligencia contra él: «Puedo confirmar que a día de hoy no hay absolutamente nada sobre ningún expediente que conozcamos en el Consejo que ponga en entredicho la credibilidad profesional de esta persona». Por ello, pidió que si alguien, en relación con las manifestaciones del ministro, tiene algún dato que evidencie lo contrario lo ponga en conocimiento del CGPJ: «Si después se insiste en decir que hay un problema particular o singular, ya es cosa de que quien lo afirme aclare a qué se está refiriendo», porque, añadió, en estos momentos «no concurre ninguna circunstancia para dudar de la calidad y probidad profesional de ese magistrado».

«No ser ciego, sordo y mudo»

Por su parte, Rafael Catalá considera que ante el debate que se ha producido tras esa sentencia no debe ser «ciego, sordo y mudo» e insistió en que su obligación es «alertar» de las anomalías que pueden suceder en el funcionamiento de la Justicia para que el Poder Judicial actúe. En declaraciones al diario «El País», consideró que es su obligación «pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación sus compañeros». A la vez, incidió en su respeto absoluto a la independencia judicial.