Ministerio de Justicia
Jueces y fiscales piden la dimisión de Catalá tras sus críticas al juez del voto particular de «La Manada»
Tachan de intromisión y temeridad las palabras del ministro de Justicia en un comunicado conjunto
El Consejo reprocha al ministro que se haya excedido “en todos los límites entendibles” y recuerda que en los últimos cuatro años no se le abrió ningún expediente
«Todos saben que es una persona que tiene algún problema y una situación singular, que el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Creo que eso se podría haber evitado. Me sorprende que el Consejo no actúe». Estas palabras pronunciadas ayer por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista concedida a la Cadena Cope, han provocado un auténtico «incendio judicial» que ha causado un profundo malestar en el Consejo General del Poder Judicial y ha suscitado la práctica unanimidad de todas las asociaciones de jueces y fiscales en pedir su inmediata dimensión.
En primer lugar, en el CGPJ, órgano de Gobierno de los jueces y magistrados y encargado de velar por la independencia judicial, las opiniones de los vocales eran del todo coincidentes en expresar la repulsa por las manifestaciones de Catalá y algunos, además, abogan por una contundente respuesta institucional, algo que no es nada descartable en estos momentos.
Sobre el magistrado de la Audiencia de Pamplona que emitió el voto particular en la sentencia contra “la manada”, Ricardo González, el Consejo dejaba claro que en los cuatro años de mandato del actual CGPJ no se ha incoado ningún expediente contra el citado magistrado, y que de haber existido anteriormente, a lo largo de sus 32 años desde que se incorporó a la Carrera Judicial, esos antecedentes estarían ya cancelados.
► ¿Cuántas veces y por qué fue sancionado el juez que pidió la absolución de “La Manada”?
En esta línea, el vocal del Consejo José Mario Macías señaló que el mensaje que parece desprenderse del ministro no es precisamente el que debe esperase “de quien ejerce una responsabilidad pública, toda vez que “lo que parece ponerse en cuestión cuando se hacen este tipo de manifestaciones por parte de quienes ostentan responsabilidades públicas
es el propio sistema y desacreditarlo”. En este sentido, destacó que la expesión de Catalá de “todo el mundo sabe” que el magistrado que emitió el voto particular tiene un problema no es una manera responsable de decir las cosas y puede trasladar una imagen muy negativa del sistema de Justicia”, y, fundamentalmente, porque con esos comentarios “puede acabar empeñando la labor de un magistrado”. Su conclusión es clara y rotunda: “No he visto mayor reproche a la labor de un magistrado viniendo de alguien del propio Gobierno”.
Otro de los vocales del Consejo calificó las palabras del ministro como “un exceso de todos los límites entendibles”, a la vez que expresó su sorpresa por la crítica al mencionado magistrado discrepante con la decisión mayoritaria.
Los jueces y fiscales, por su parte, cerraron filas para pedir la inmediata dimisión de Rafael Catalá al frente de Justicia. Todas las asociaciones reprobaron que el titular de Justicia haya sembrado «públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado». Por ello, consideran que «la intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia».
Pero van más allá de este caso concreto del juicio de “la Manada” y entienden que esas críticas pueden volver a repetirse en resoluciones que no sean del agrado del ministro Catalá: “Éste es el verdadero peligro: la utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones. Por eso, exigimos una vez más la dimisión del Ministro de Justicia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los Poderes del Estado, como es el Legislativo”.
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