La UCO ratificó los indicios contra Cifuentes en un segundo informe

Insistió al juez el 27 de marzo en que debió ser «partícipe y conocedora» de las irregularidades.

La Guardia Civil volvió a insistir el pasado 27 de marzo al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del «caso Púnica», en la existencia de indicios de la supuesta comisión de un delito de prevaricación por parte de Cristina Cifuentes y de otros tres integrantes de los comités de expertos que en 2009 y 2011 avalaron la adjudicación al empresario Arturo Fernández de los contratos de gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid. En este segundo informe, la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, advierte «una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos».

Respecto a la segunda adjudicación bajo sospecha, la UCO sostiene que Isaac Zubiri, el funcionario encargado del comité de expertos que informó a favor de la oferta de Arturo Fernández, «faltó a la verdad a la hora de elaborar el informe de valoración» al asignar a una de las licitadoras, Clece, cero puntos en dos criterios «bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna», lo que según han constatado los agentes no responde a la realidad. De esta circunstancia, añade el autor del informe, «tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité de expertos», Cifuentes y María Merino, jefa de relaciones externas y de protocolo de la Asamblea de Madrid, «lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores» que no se tuvieron en cuenta.

La Guardia Civil vincula esas adjudicaciones con dos donaciones que suman 160.000 euros que efectuó en 2007 el empresario (la segunda a través de la patronal madrileña CEIM) para supuestamente financiar la campaña electoral del PP de Madrid. El juez Velasco, sin embargo, no aprecia conducta delictiva alguna en la actuación de Cifuentes, a quien desvincula de la presunta trama de financiación irregular de su partido en Madrid.

El magistrado sí tomó declaración el pasado marzo en calidad de investigados (actual denominación procesal de los antiguos imputados) a los otros tres componentes de esos comités de expertos señalados por la Guardia Civil, junto a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, en su informe del pasado 1 de marzo. Lo hizo, eso sí, únicamente en relación a un posible delito de prevaricación (y no de cohecho, como también apuntaban los agentes en ese primer informe).

Tras las declaraciones ante el juez de Merino, Zubiri y Tatiana Recoder, responsable del servicio jurídico de la Cámara regional, la UCO elaboró este segundo informe. Sus conclusiones ratifican que en esas licitaciones se incluyeron criterios de valoración «contrarios a Derecho» de forma «irregular» y se otorgó una «extraordinaria preponderancia» a criterios ponderables «mediante juicios de valor» en contra de lo preceptuado por la legislación en materia de contratación pública. Además, denuncia la «exigua e ineficaz fiscalización» por parte de los letrados de la Asamblea autonómica.

«Percepción paladina»

Para la Guardia Civil se favoreció a la oferta de Arturo Fernández «a través de conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes», lo que desencadenó, según el agente firmante del informe, en las contradicciones en las que incurrieron los investigados interrogados.

Según el informe del Instituto Armado, la finalidad que perseguían los integrantes de esos comités de expertos sería proporcionar a la empresa Grupo Cantoblanco «un amplio margen de puntos obtenidos en la valoración de los criterios de juicios de valor para poder afrontar la apertura del último sobre», el que recoge las puntuaciones otorgadas de manera automática, donde dicho comité «no intervenía».

Así, en 2011 –subraya la Guardia Civil– el comité de expertos vulneró «de una manera consciente» el tenor literal del criterio de adjudicación que exigía certificaciones que avalaran la experiencia requerida, algo que sí se tuvo en cuenta en 2009. La UCO ve también «inverosímil» que la jefa del departamento jurídico de la Asamblea no advirtiera de la supuesta incompatibilidad de que Cifuentes integrara el comité de expertos y también la mesa de contratación en esas licitaciones.