La juez Alaya encarcela a tres de los 32 detenidos en la operación Enredadera

La juez Mercedes Alaya ha enviado a prisión a tres de los 32 detenidos de la operación Enredadera, dos de ellos directivos de Adif y el tercero el exresponsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, que ha salido de la cárcel tras reunir en doce horas los 100.000 euros de fianza que le pidió.

Esta tarde ha enviado a prisión al último de los detenidos, el directivo de Adif en Córdoba Enrique José Finch Ramos, que habría recibido un millón de euros en comisiones ilegales y para el que ha pedido una fianza de 250.000 euros.

Además de los detenidos en esta operación, la juez envió a prisión el martes al comercial de Fitonovo Juan Andrés Bruguera, para el que pidió una fianza de 180.000 euros y que ya declaró como imputado en diciembre de 2013 en la segunda fase de la operación Madeja, la antecesora de la Enredadera.

La Guardia Civil detuvo el pasado martes a 32 personas dentro de la operación Enredadera, que gira en torno a comisiones ilegales entregadas por la empresa Fitonovo a diversas administraciones para lograr concursos públicos, y ante la juez han comparecido como detenidos diez, tres de los cuales han sido enviados a prisión.

De los diez que han comparecido como detenidos, han sido enviados a prisión el directivo de Adif Antonio Rodríguez Jurado, que habría recibido 428.000 euros en “mordidas”; el exdirector de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, que ha reunido en doce horas la fianza de 100.000 euros, y el directivo de Adif de Córdoba.

Entre los seis que han quedado en libertad con cargos está el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP), y el anterior vocal de IU en la comisión de mercados ambulantes del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Miguel Ruiz Carmona.

El militante de IU habría recibido 155.000 euros en comisiones ilegales, 70.000 de ellos en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.

También han quedado en libertad con cargos trabajadores de Fitonovo y un funcionario de la Junta de Extremadura.

Adif, que desde 2005 ha facturado 17,9 millones con Fitonovo, ha anunciado hoy que se personará en la operación Enredadera como parte perjudicada y que suspenderá temporalmente de empleo y sueldo a los enviados a prisión.

Según afirma la juez en un auto de prisión de uno de los detenidos, la empresa Fitonovo centralizó una “red criminal jerarquizada” que concedió entre 1995 y 2013 dádivas en distintas administraciones públicas para lograr contratos, una práctica habitual de la compañía.

Las comisiones se hacían “de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados”, a los que incluso emitían recibos con cargo a la caja B de la compañía, con sede en Sevilla.

La juez atribuye esta práctica a “la consecución de contratos públicos” entre 1995 y 2013 en “múltiples áreas geográficas y administraciones públicas”.

“Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo”, asegura la juez.

Tras la operación realizada en doce provincias españolas, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha afirmado que, “con la ley en la mano”, la instrucción de la operación Enredadera debe pasar a la Audiencia Nacional puesto que dirime hechos que se han producido en distintas comunidades autónomas.