La Guardia Civil investiga el fraude en unas subvenciones en el Ayuntamiento de La Seu

El registro se debe a una querella contra cuatro personas del Consistorio por delitos contra la administración pública y fraude de subvenciones.

El registro de la Guardia Civil del Ayuntamiento de La Seu d'Urgell (Lleida), del que es alcalde Albert Batalla (PDeCAT), y del Consell Comarcal este jueves buscando documentación sobre presuntos delitos contra la administración pública y fraude de subvenciones está motivado por una querella de Fiscalía contra cuatro personas relacionadas con el consistorio.

El juzgado de instrucción 2 de La Seu d'Urgell tiene abierto un procedimiento desde el 26 de marzo por una querella presentada por el Ministerio Fiscal contra cuatro personas relacionadas con el Ayuntamiento de la localidad, ha informado este jueves en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

"El mismo día de la presentación de la querella se solicitó y acordó la entrada y registro en el Ayuntamiento con el fin de buscar documentación necesaria para el procedimiento", señala el tribunal.

La causa está abierta por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, contra la administración pública, fraudes contractuales, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La operación, con dos coches y dos furgonetas de la Guardia Civil, ha comenzado sobre las 5.00 horas y se encuentra bajo secreto de sumario.

Sí ha trascendido que los agentes han hecho salir todos los trabajadores del consistorio excepto a un regidor del equipo de gobierno, la interventora, los informáticos y el secretario municipal, según explicaron a la Agència Catalan de Notícies (ACN) fuentes municipales. También se sabe que el alcalde, Albert Batalla, se ha desplazado a la sede municipal y que la Guardia Civil ha intervenido su móvil, el de la concejala Mireia Font y del primer teniente de alcalde y presidente del Consell Comarcal del Alt Urgell, Jesus Fierro. Además, durante unas horas ha retenido también todos los teléfonos de los trabajadores, salvo el de un informático en el Consell Comarcal.

Los agentes han avisado de que la operación “va para largo”.