La juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dejado hoy en libertad a tres responsables de la empresa Fitonovo, cuya actividad ha provocado una nueva operación que acumula hoy 26 detenidos en España, para los que la Fiscalía ha pedido una fianza civil de tres millones y medio de euros. Alaya leyó las nuevas imputaciones a los responsables de Fitonovo Rafael González Palomo y su hijo José Antonio González Barón, que estuvo en prisión tres meses por esta causa, y al administrador de otra empresa del grupo, Fiverde, Ángel Manuel Macedo, han informado fuentes judiciales.

Para González Palomo, la Fiscalía pidió una fianza civil de dos millones de euros, para su hijo un millón de euros y para el tercer imputado solicitó 500.000 euros.

Los tres quedaron en libertad provisional después de acogerse a su derecho a no declarar ante la juez.

En la operación de hoy, denominada "Enredadera", uno de los detenidos es el asesor jurídico de Fitonovo, Carlos Gamito, que ha sido conducido a la comandancia de la Guardia Civil de Carmona (Sevilla).

Según las mismas fuentes, todos los implicados están relacionados con las infraestructuras de carreteras y ferroviarias, que habrían aceptado facturaciones de las obras por encima de lo permitido y también habrían asesorado a las empresas sobre cómo presentar las ofertas para quedarse con las obras licitadas.

Al parecer, la persona que habría recibido más cantidad de dinero en esta operación habría sido un funcionario de ADIF, con más de un millón de euros.

En la lectura de las imputaciones, la juez ha precisado que uno de los empresarios de Fitonovo habría entregado 85.000 euros, 70.000 de ellos en una caja de zapatos, a un exresponsable de área de Deportes de IU en el Ayuntamiento de Sevilla antes de las elecciones municipales de 2011.

Según la Guardia Civil, del análisis de la información incautada en las entradas y registros, y de la actividad operativa de los investigadores en anteriores operaciones, se averiguó que la dirección de la empresa Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares.

Para ello, desde Fitonovo habilitaron la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

Hay que recordar que José Antonio González Baró, hijo de Rafael González Palomo, llegó a estar en prisión entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, cuando salió en libertad con cargos tras pagar una fianza de 250.000 euros.

Las mismas fuentes también han indicado que la juez ha citado como imputado al que fuera director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña, que, tras ser imputado por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Madeja' desarrollada en diciembre de 2013, fue cesado de manera fulminante por el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP).

Todas estas citaciones se producen coincidiendo con la tercera fase de la operación 'Madeja', transformada ahora en 'Enredadera', que está desarrollando este martes la Guardia Civil en 13 provincias españolas y en el marco de la cual se prevé la detención de una treintena de personas.

Esta tercera fase es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Area de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño.

Del informe patrimonial realizado sobre esta persona, la Guardia Civil dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, "múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de Fitonovo".

Asimismo, y del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores, se averiguó que la dirección de Fitonovo "había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos".

Las prácticas ilícitas descubiertas "causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas". Asimismo, "al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación".