La Fiscalía reclama para el exacalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa una pena de dos años y medio de prisión y la devolución de 1,2 millones de euros por un delito de fraude fiscal.

La Fiscalía reclama para el exacalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa una pena de dos años y medio de prisión y la devolución de 1,2 millones de euros por un delito de fraude fiscal, una sospecha que le obligó a dimitir en abril de 2012 de su cargo en la corporación de la capital gallega.

Según el escrito de calificación de la Fiscalía, Conde Roa, que fue también diputado del PP en el Congreso, defraudó a Hacienda 291.000 euros al no declarar ingresos derivados de la enajenación en 2010 de 61 viviendas por la empresa Geslander Proyecto de Edificaciones, de la que es administrador único.

El pasado 2 de mayo, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, desestimó el recurso de reforma presentado por el exalcalde.

En su auto, el juez considera que había "indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que ha dado motivo a la formación de la causa"y agrega que "así, consta con total claridad"que en su condición de administrador único de la citada sociedad, dejó de ingresar una cantidad superior a los 120.000 euros, que marca la existencia de delito.

El fiscal Jorge Fernández coincide en su petición con la Agencia Tributaria, personada en la causa como acusación.

Cuando trascendió el caso, Conde Roa argumentó que no pudo hacer frente a sus obligaciones fiscales debido a la situación económica de la empresa, que se encontraba en quiebra tras sufrir perdidas millonarias.

El juez, por su parte, considera que no se ha acreditado la "situación de insolvencia palmaria"en la empresa y apunta que, "de la contabilidad aportada, una revisión de las grandes cifras no permite extraer las mismas conclusiones"y sí existe, por el contrario, "una amplia diferencia de cifras que sí permitiría el abono del IVA".

Explica que no niega la situación de insolvencia, sino que se trata de un extremo no aclarado suficientemente, y agrega que "existen incluso algunas transferencias de difícil justificación en una empresa en crisis".

Frente a la afirmación de la defensa de que el imputado nunca tuvo la intención de defraudar y de que su contabilidad era incluso más perjudicial para él fiscalmente, el juez señala que Conde Roa conocía el procedimiento de declarar con solicitud de pago aplazado, como ya había hecho con anterioridad.

Por ello, insiste en que la afirmación de "no declarar por no poder pagar, no está justificada".

Conde Roa está imputado, además de en este proceso, en la denominada operación Pokemón, que investiga supuestas irregularidades en la concesión de obras y servicios a empresas privadas en diversos ayuntamientos gallegos.