La empresa Fitonovo creó una red de contactos con funcionarios corruptos para obtener contratos

La Guardia Civil llevado a cabo una nueva operación contra la corrupción que afecta a 12 provincias españolas y en la que se ha detenido a 32 personas. Estas actuaciones se producen en el marco de una nueva fase de la 'operación Madeja', bautizada como 'operación Enredadera', desencadenada a raíz de que los investigadores del Instituto Armado descubriesen que la empresa Fitonovo había creado una "red de contactos con funcionarios corruptos"que les facilitaban la obtención de contratos públicos de forma irregular.

Fitonovo es una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño cuyo patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar después del concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA, según explica la Guardia Civil.

Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.). Esto ya provocó que en julio y diciembre de 2013 ya se iniciasen nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de esta empresa.

Del análisis de la información incautada en aquella investigación la Guardia Civil ha averiguado que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, "habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos"que les facilitaban dicha contratación. A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

Las detenciones y registros de esta 'operación Enredadera' han tenido lugar en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.

A los detenidos e imputados en esta operación se les acusa de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

A juicio de los investigadores, las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas.

Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número SEIS de Sevilla, que ha decretado el secreto de las actuaciones, ha sido realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.