La maquinaria policial y judicial contra la banda terrorista ETA no entiende de tregua. A las dos detenciones en México de los etarras Juan Jesús Narváez e Itziar Alberdi, se suman los continuos juicios por acciones terroristas –ayer mismo fueron juzgados cinco miembros del «comando Buro Ahuste» de ETA acusados de asesinar en enero de 2000 al teniente coronel del Ejército de Tierra Pedro Antonio Blanco– y ahora, la Audiencia Nacional, en una decisión trascendental, se acaba de declarar competente para investigar a ETA por delitos de lesa humanidad, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la propia sede jurisdiccional.

Todo comenzó con una denuncia presentada por víctimas del terrorismo a finales del pasado año relacionada, en muchos de los casos, con atentados cometidos en la década de los años 80. La denuncia correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Javier Gómez Bermúdez. En un principio, el magistrado rechazó admitirla a trámite, al considerar que la competencia correspondía a los distintos juzgados territoriales, aunque, a la vez, exponía sus dudas sobre el órgano judicial competente final.

Frente a esa decisión, las víctimas recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ahora, la sección cuarta, presidida por la magistrada Ángela Murillo, ha estimado el recurso y ha declarado la competencia de la Audiencia para investigar a ETA por los delitos de lesa humanidad. Nada más conocer esta resolución, el magistrado Gómez Bermúdez ha incoado ya el correspondiente procedimiento judicial, y, a partir de ahora, comenzará a practicar todas aquellas diligencias que considere oportunas. Dentro de esa investigación se encontrarían, según las citadas fuentes, ex dirigentes de la banda terrorista ETA que ordenaron la comisión de atentados terroristas que provocaron víctimas mortales.

Una de las cuestiones que se deberá dilucidar será la relativa a si algunos de los hechos denunciados han prescrito o no, ya que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se introdujo en la reforma del Código Penal de 1995, por lo que no sería aplicable a los perpetrados con anterioridad a su entrada en vigor, debido a la irretroactividad de la ley penal.

El Código Penal tipifica en su artículo 607 el delito mencionado como aquellos hechos que supongan «un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella». La pena prevista puede llegar a los 20 años de prisión, en aquellos casos en que se hubiese causado la muerte de alguna persona. Este tipo de delitos «no prescribirán en ningún caso». De esta forma, la Audiencia Nacional se adelanta a lo que pueda en su día decidir el Tribunal de la Haya respecto a la denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), quien el pasado lunes instó a la Corte Penal Internacional a que iniciase una investigación de oficio enmarcarcada en crímenes de lesa humanidad contra ETA y Batasuna. La denuncia apunta a personas concretas, incluidos dirigentes abertzales como Arnaldo Otegi o Joseba Permach porque son «altos responsables que han planificado la estrategia de terror» de la banda y los responsables de su brazo político, como confirmaron el Supremo, el Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo.

«Ataque sistemático a la población»

Los once acusados por Covite son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Pernando Barrena, así como los integrantes de la banda terrorista José Antonio Urruticoechea, «Josu Ternera», José Luis Eceolaza, «Dienteputo», Tomás Elorriaga, «Teo», Juan Cruz Maiztegui, «Pastor», Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Zorzabal y David Plá.

Covite explicaba en su denuncia que todos ellos propiciaron la comisión de crímenes de lesa humanidad que no han prescrito, y que consistieron en un «ataque sistemático contra la población civil», sin que hubiera «conflicto armado», puesto que «nunca intervinieron las Fuerzas Armadas» en este ataque, dado que la Guardia Civil sólo se considera como tal cuando cumple misiones de carácter militar. Justifica que la «rama política» de ETA, es decir, Batasuna, planificó estos crímenes en una estrategia que denominó «socialización del sufrimiento». Recuerda Covite que, desde junio de 2002, ETA perpetró 292 «asesinatos selectivos» y más de «40.000 personas al año fueron víctimas de persecución», y casi otras «200.000 personas tuvieron que abandonar Euskadi» por esta situación, es decir, «aproximadamente el diez por ciento de la población vasca».

La denuncia interpuesta ante el Tribunal de la Haya especifica que «estos actos contra los derechos humanos también podrían constituir un delito de genocidio, al haber sido perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico o racial».