El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado un varapalo a la política lingüística del Ejecutivo presidido por Íñigo Urkullu, al anular una decena de artículos y apartados del decreto que prioriza el uso del euskera en las instalaciones locales vascas. En la sentencia, el alto tribunal determina, entre otras cuestiones, que "la utilización exclusiva del euskera cuando la comunicación con el ciudadano parte de la propia Administración supone una imposición a la libertad lingüística del destinatario del mensaje que puede ignorar el euskera o sencillamente preferir que las comunicaciones sean en castellano".

El pasado 28 de septiembre, el TSJPV admitía parcialmente el recurso planteado por Vox contra varios preceptos del decreto autonómico 179/2019, que desarrolla la Ley 2/2016 de Instituciones Locales del País Vasco. O lo que es lo mismo, la norma que prioriza el uso del euskera en los ayuntamientos vascos.

Hay que recordar, y así lo señala el alto tribunal vasco, que el Tribunal Constitucional ya dictaminó la inconstitucionalidad del artículo 6.2 de dicha norma que imponía el uso del euskera salvo que se alegara "el desconocimiento" de esta lengua. A su juicio, esta obligatoriedad "quiebra el equilibrio lingüístico entre las dos lenguas cooficiales", en detrimento del castellano, a la vez que se restringe la libertad de los ciudadanos de manera "injustificada".

La obligatoriedad de usar el euskera "como lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades", como recoge el artículo 12 de dicho decreto, también ha sido anulado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia vasco alega que este precepto "permite la exclusión del castellano vulnerando el artículo 3 de la Constitución", que consagra que "el castellano es la lengua española oficial del Estado" y que "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

Y también han sido revocados varios apartados de los artículos 11, 18, 24, 27 y 36 que regulan, entre otras cuestiones, "la atención a la ciudadanía y los contratos públicos". De este modo, queda sin efecto el precepto que establece que el personal de las entidades locales se dirigirá "en primera instancia" al ciudadano en euskera y continuará en la lengua que éste elija. "El equilibrio entre ambas lenguas impone que o bien se efectúe en ambas o bien en aquella que todos tienen el deber de conocer", señala el TSJPV.

Hay que señalar que el Gobierno vasco, presidido por Íñigo Urkullu, aún puede presentar un recurso de casación contra esta sentencia en el Tribunal Supremo.

"Varapalo judicial"

Desde la formación que lidera Santiago Abascal, consideran que esta sentencia es "un nuevo varapalo judicial a una política lingüística que se sustenta en la imposición del euskera y la discriminación del castellano". Y, aunque este fallo aún no sea definitivo, desde Vox apuntan que esta no es una nueva agresión contra el euskera ni los jueces sentencian contra la lengua vasca. Lo que está en tela de juicio es la política de imposición lingüística, la de primar una lengua oficial en detrimento de otra".

La parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez ha manifestado que "son ya muchas las sentencias contrarias a dicha política lingüística y va siendo hora ya de someterla a una profunda revisión". El próximo capítulo, añade, será la tramitación del proyecto de la ley vasca de Educación y la eliminación de los modelos lingüísticos, "una realidad en la calle que PNV y EH Bildu pretenden certificar por ley".