Junts reta al Gobierno con la vivienda: presenta una ley "antiokupa" en el Congreso

Junts ha planteado mucha batalla al Gobierno con el decreto ómnibus a cuenta de la vivienda y ahora quiere más. El partido de Carles Puigdemont ha presentado una proposición de ley que recoge cambios legislativos en el ámbito civil y penal para acelerar el desalojo de los "okupas". En concreto, con la ley registrada por Junts y a la que ha tenido acceso este diario, se aspira a posibilitar un desalojo en 48 horas y se busca impedir "dilaciones en la recuperación posesoria por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales del inmueble". Cabe recordar que el PP también tramitó una ley "antiokupa" en el Senado y contó con la abstención de Junts, aunque está bloqueada en el Congreso.

Tal y como recoge la exposición de motivos de la ley presentada por Junts, los datos de okupaciones van haciendo crecer el estado de alarma en Cataluña: se registraron hasta 9.477 ocupaciones en 2022; 9.247, en 2023; y, 5.364 hasta junio de 2024, lo que "hace presuponer que en 2024 se podría haber alcanzado la cifra récord de más de 10.000 en un año".

El texto legal de Junts tiene cuatro artículos e introduce cambios tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) como en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, los posconvergentes quieren modificar el artículo 962 de la Lecrim para permitir el enjuiciamiento del delito leve de usurpación vivienda por los trámites del juicio inmediato por delito leve. Asimismo, en el artículo 282 se añade que "mientras persista la ocupación, la policía judicial o la fuerza policial actuante, podrá proceder al inmediato desalojo del bien inmueble", como vía para acabar con los problemas que está generando el concepto de "flagrancia".

En el ámbito civil, la ley de Junts busca diferenciar los supuestos de ocupaciones ilegales del resto de procedimientos para recuperar la posesión de la propiedad (por ejemplo, cuando se quiere recuperar la propiedad tras un contrato de alquiler) ya que los posconvergentes consideran que eso dificulta que "el sistema procesal ofrezca una adecuada respuesta a los distintos intereses". En este sentido, la ley diferencia entre procedimientos arrendatarios, donde se identifican "con claridad las obligaciones incumplidas y las garantías ofrecidas por las partes", y la okupación, donde "no existe un vínculo contractual previo, ni una legitimidad que ampare la permanencia del ocupante en el inmueble".

Además, la ley de Junts también modifica la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, para suprimir su competencia en el delito de allanamiento de morada.

Los posconvergentes ya han logrado meter en el decreto del Gobierno el blindaje de los propietarios de vivienda mediante avales del Estado, aunque ya mostraron interés en una ley del PP en el Senado para forzar también los desalojos exprés. En este sentido, cabe decir que, con la medida de los avales, realmente se acaba protegiendo tanto a los propietarios como a los inquilinos (aunque solo a los menores de 35 años, por ahora, mientras el Gobierno no apruebe un Reglamento en los próximos seis meses para ampliar los colectivos beneficiarios) a costa del Estado.