Clara Ponsatí está más cerca responder ante la Justicia española por su papel en el "procés" en 2017 como consejera de Educación del Gobierno de Carles Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha concluido el sumario respecto a la ahora eurodiputada y ha remitido a las actuaciones a la Sala Penal del alto tribunal para su enjuiciamiento.

La decisión del magistrado se produce apenas horas después de la detención ayer de Ponsatí por los Mossos, a raíz de su regreso a Barcelona, y de que se le comunicara su procesamiento por desobediencia en el juzgado de guardia de la ciudad condal por orden de Llarena, que descartó que fuera conducida policialmente al Supremo para evitar "una extensión de su privación de libertad en un delito para el que no están previstas penas de esta naturaleza". Tras esa declaración indagatoria en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la exconsejera de la Generalitat quedó en libertad provisional.

Y es que el delito de desobediencia por el que ha sido procesada (por hacer caso omiso a las resoluciones del Tribunal Constitucional prohibiendo el referéndum ilegal del 1-O) no lleva aparejadas penas de prisión, sino únicamente de inhabilitación y multa. En marzo de 2018, Llarena procesó a Ponsatí por sedición y malversación, pero posteriormente le retiró la imputación del segundo delito tras la sentencia del "procés", que consideró probado que pese a ceder los centros educativos para la votación del 1-O, no llevó a cabo "actos que supusieran un perjuicio efectivo del patrimonio público" (permitiendo que se pagara con dinero público la organización del referéndum ilegal).

La derogación del delito de sedición obligó de nuevo a Llarena a modificar las imputaciones a Ponsatí, que se limitaron al delito de desobediencia, dado que -como en el caso de Puigdemont y el resto de procesados por sedición-, el magistrado descartó que los hechos que se le atribuyen puedan encuadrarse en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

Detenida en marzo y espantada en abril

Así las cosas, el pasado enero Llarena dejó sin efecto la busca y captura de Ponsatí y la orden de prisión contra la exconsejera y acordó una orden de detención nacional al efecto de tomarle declaración indagatoria para comunicarle su procesamiento y permitir concluir la instrucción.

La oportunidad se planteó el pasado marzo con el inesperado regreso a España de Ponsatí, que fue detenida por los Mossos en Barcelona y a quien Llarena comunicó por exhorto (a través del juez de guardia de la ciudad condal) que debía comparecer el 24 de abril en el Tribunal Supremo para tomarle declaración.

Pero la eurodiputada dio plantón a Llarena, que reactivó la orden nacional de detención para garantizar ese imprescindible trámite procesal pendiente, que finalmente se cumplimentó ayer una vez el Tribunal Supremo constató que se encontraba de nuevo en Barcelona, lo que acarreó su detención por los Mossos.

Refugiada en Bélgica y Escocia

En la resolución en la que acuerda el cierre del sumario, el instructor de la causa del "procés" sostiene que una vez practicadas las diligencias necesarias, y no considerando preciso impulsar ninguna más, procede remitir la causa a la Sala Penal.

Tras su huida en noviembre de 2017, la extitular del área de Educación del Ejecutivo de Puigdemont –destituido por el Gobierno de Mariano Rajoy en octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución– permaneció durante más de cinco años fuera del alcance de la Justicia española residiendo en Bélgica y en Escocia.

La situación procesal de Ponsatí cambió con la derogación de la sedición, puesto que el nuevo auto de procesamiento, solo por desobediencia, abría la puerta a su regreso a España (ahuyentando el riesgo de terminar en prisión), al igual que el de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Algo similar le sucedió a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, quien optó por regresar a nuestro país y comparecer en el Tribunal Supremo por desobediencia, que será juzgada en Barcelona al haber perdido su aforamiento.