Ponsatí considera “ilegal” su orden de detención y reclama a Llarena que la anule

La exconsejera de Educación del Gobierno de Carles Puigdemont, huida también de la Justicia española desde hace más de cinco años, considera que la orden de detención nacional dictada contra ella por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena es “ilegal”. Así lo defiende su abogado en el recurso que ha presentado contra la reciente decisión del instructor de la causa del “procés” de procesarla por un delito de desobediencia, tras retirar el de sedición que le imputaba a consecuencia de la derogación del mismo por la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el escrito presentado ante el alto tribunal, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa de la eurodiputada Ponsatí -que ejerce el letrado Gonzalo Boye, insiste en que la exconsejera catalana “no ha cometido delito alguno” y vuelve a denunciar que se le persigue penalmente por “actos políticos indebidamente criminalizados”.

Para su abogado, el procesamiento de Ponsatí por desobediencia resulta “sorprendente”. “No existe ningún tipo de base fáctica ni legal que le permita, más de cinco años después -reprocha al juez Llarena- proceder ni continuar el presente procedimiento” en contra de la expolítica soberanista, “ni mucho menos el dictado de una orden de detención que, sin duda, es ilegal”.

“Sin dilación alguna”

La defensa de Ponsatí reclama al magistrado que anule “sin dilación alguna” la orden de detención nacional que trasladó a las Fuerzas de Seguridad del Estado y que comunique al Parlamento Europeo que desiste del suplicatorio que cursó en febrero de 2020 para proceder penalmente contra ella. Y es que, según argumenta, se ha ordenado su arresto para tomarle declaración “sin que conste, siquiera, que se le haya citado a tales efectos”.

“Se pasa de una reformulación de un auto de procesamiento a una orden nacional de detención con la única finalidad”, denuncia, de interrogarla “pero sin siquiera haber, antes, ni pedido el correspondiente suplicatorio ni haber intentado por cualquier otro medio menos gravoso el mismo objetivo”. Boye se queja de que el magistrado del Supremo -a quien considera “incompetente” para perseguir penalmente a su defendida- haya acordado la medida “contra una eurodiputada que goza de inmunidad y sin solicitar el levantamiento de esta”.

La defensa de Ponsatí recuerda que la exconsejera de Puigdemont “no fue procesada por el delito de desobediencia” en marzo de 2018. Un “hecho innegable” que, subraya, “impide ahora, de golpe y sin anestesia”, tratar de imputarle “un nuevo delito como sería, para ella, el de desobediencia”. De ahí que señale que el auto “acuerda ilegalmente la detención de una persona por un delito por el cual no se encuentra ni tan siquiera procesada”.