Jové, clave en la intendencia del 1-O, rechaza llevar al TJUE la Ley de Amnistía y reclama el archivo

El presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Josep Maria Jové, rechaza llevar a la Justicia Europea y al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Amnistía y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le aplique la medida de gracia y archive la causa contra él por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Jové era uno de los hombres de confianza del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la Consejería de Economía, y en él delegó el entonces consejero y vicepresidente de la Generalitat la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017-

Según ha informado ERC en un comunicado, su defensa se ha opuesto tanto a que el TSJ catalán plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC como a tramitar una cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a este procedimiento.

Los abogados de Jové han presentado un escrito de alegaciones ante el tribunal en el que consideran innecesario plantear estas cuestiones y reiteran su petición de que se archive la causa en aplicación de la medida de gracia.

A principios de julio, el TSJC consideró "amnistiables" los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia a Jové, al exdiputado Lluís Salvadó y a la consejera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga, acusados en la causa del 1-O, pero planteó consultar al Tribunal Constitucional o el TJUE.

La defensa de Jové argumenta que "no está nada fundamentada una supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía puesto que la claridad de la ley garantiza seguridad jurídica, como fija también la Comisión de Venecia", informa Ep.

Sostiene que se garantiza la igualdad ante la ley porque los criterios que establece para ser aplicada "se encuentran claramente definidos en la propia norma".

Los letrados explican que las cuestiones prejudiciales en Europa no son para "cuestionar leyes en abstracto ni plantear cuestiones hipotéticas" sino que sirven para resolver dudas sobre cómo aplicar el derecho europeo cuando sea necesario para dirimir un caso local, y a su juicio, no es el caso de Jové.

"En ningún caso se pueden realizar interpretaciones extensivas, ni plantear cuestiones basadas en futuribles para elucubrar sobre un hipotético impacto en los intereses financieros de la Unión Europea de un proyecto independentista, sobre todo cuando estas premisas no forman parte del relato acusatorio", concluye el escrito.