La investigación del "caso Koldo" apunta a más imputaciones

El exasesor de José Luis Ábalos imputado por corrupción enmudeció ayer ante el juez y, tras acogerse a su derecho a no declarar, salió en libertad provisional de la Audiencia Nacional, una medida que el magistrado Ismael Moreno estaba obligado a acordar después de que la Fiscalía –en estos momentos la única acusación personada en la causa, que se mantiene secreta desde el pasado septiembre– no solicitase prisión para Koldo García Izaguirre ni para los otros tres investigados detenidos en la «operación Delorme» que comparecieron ante el instructor por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros para la adquisición de material sanitario por parte de los ministerios de Transportes e Interior en 2020.

Anticorrupción sí solicitó para tres de ellos –incluido quien fuera «mano derecha» de Ábalos– medidas cautelares menos graves que finalmente acordó el magistrado. Tanto a García Izaguirre como al otro supuesto cabecilla de la «trama», Víctor de Aldama (presidente del Zamora Club de Fútbol), el juez les ha retirado el pasaporte, prohibiéndoles salir de España y obligándoles a comparecer cada 15 días en el juzgado. En cuanto al empresario Iñigo Rotaeche, tampoco puede salir de territorio nacional sin autorización judicial y, como los dos anteriores, tuvo que entregar su pasaporte. Mejor parado salió el hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre, a quien no se impuso medida cautelar alguna, aunque continúa investigado.

Según las fuentes consultadas, el fiscal de Anticorrupción Luis Pastor no ha considerado necesario privar de libertad a García Izaguirre debido a la abundante documentación incautada en los 26 registros y solicitudes de información llevados a cabo el pasado miércoles y a la relevancia del contenido de las conversaciones intervenidas a los investigados. Aseguradas las fuentes de prueba, la Fiscalía no ve peligro de que, al seguir en libertad, el exasesor de Ábalos pueda destruir posibles evidencias en su contra.

Como quiera que Anticorrupción tampoco aprecia riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, el representante del Ministerio Público optó por solicitar medidas cautelares menos graves que garanticen que García Izaguirre estará a disposición del instructor si es necesario mientras avanza la investigación, que según apuntan esas mismas fuentes previsiblemente llevará en las próximas fechas a la imputación de más personas vinculadas con el presunto «pelotazo» que tiene en el epicentro al que fuera hombre de confianza del exministro, y actual diputado socialista, José Luis Ábalos.

De momento, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya han tomado declaración como testigos (lo hicieron el miércoles) al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, y a su jefe de Gabinete, José Antonio Rodríguez, por la adjudicación de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. de un contrato por valor de casi 3,5 millones de euros, el 20 de abril de 2020, por el suministro de material sanitario de protección frente a la Covid-19 para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad.

A la espera de que en las próximas horas comparezcan ante el juez Ismael Moreno el resto de los investigados, el montante de las adjudicaciones a la empresa vinculada a la supuesta «trama» sigue aumentando. En Canarias, por ejemplo, bajo la presidencia del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial en el Gobierno de Pedro Sánchez, se habrían adquirido en pandemia mascarillas a través de la sociedad bajo sospecha por valor de doce millones de euros, según los documentos del Servicio Canario de la Salud (SCS) y de la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma a los que ha accedido Efe a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esas tres adjudicaciones entre abril y mayo de 2020 –de 6,8 millones de euros (que luego se redujeron a dos millones porque la calidad del material no se correspondía con la contratada), 4,7 millones y cinco millones de euros– se desembolsaron para surtir a los hospitales canarios de mascarillas FFP2 o K95.

A esos doce millones de euros se unen otros 3,7 millones que el Gobierno de Baleares abonó a Soluciones de Gestión, también por la adquisición de mascarillas.

Además, según Vozpópuli, la empresa de la «trama» fue una de las adjudicatarias de un contrato de Sanidad, con Salvador Illa como ministro, por valor de más de 2.500 millones de euros que en 2020 quedó en manos de 72 empresas para el suministro de diverso material sanitario.

García Izaguirre está investigado junto con otras 19 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Los agentes detectaron un incremento súbito del patrimonio personal de Koldo García Izaguirre en los últimos meses que no consideran justificable con sus ingresos profesionales, lo que hizo saltar las alarmas en la Guardia Civil.