Un problema técnico ha hecho que el interrogatorio a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid por la supuesta financiación irregular del PP regional se haya escuchado al unísono en la sala de prensa

Accidentada declaración de Cristina Cifuentes en el "caso Púnica". Un problema técnico por una "desconfiguración del sistema"de audio en el salón de plenos de la Audiencia Nacional ha hecho que el interrogatorio a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid en relación a la supuesta financiación irregular del PP regional se haya escuchado al unísono en la sala de prensa donde se encuentran más de una veintena de periodistas cubriendo la comparecencia.

Han sido precisamente los informadores los que han avisado al gabinete de Comunicación del citado tribunal de esa anomalía procesal -las declaraciones en la fase de instrucción del procedimiento se celebran sin publicidad-, lo que ha llevado al instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón, a interrumpir en un primer momento el interrogatorio a Cifuentes de una de las fiscales de Anticorrupción.

Sin embargo, tras ese breve receso la incidencia técnica ha persistido durante unos minutos, hasta que el magistrado, notoriamente contrariado y tras solicitar su opinión a la Fiscalía Anticorrupción, ha optado por trasladar el interrogatorio a otra de las salas. Ya a resguardo de escuchas indeseadas, el interrogatorio se ha reanudado en el momento que se había interrumpido.

Mientras Cifuentes desgranaba el organigrama del PP regional y del Patronato de Fundescam -la Fundación que según la Fiscalía habría utilizado el PP madrileño para allegar donaciones para sufragar gastos electorales en las campañas de 2007, 2008 y 2011- la perplejidad del juez al comprobar que las palabras de la ex presidenta regional se seguían escuchando fuera de la sala ha quedado de manifiesto al exclamar: "La única forma es arrancar los cables...".

El juez García Castellón cree que Cifuentes participó en el desvío de fondos públicos para la financiación ilegal de gastos electorales del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. En el escrito en el que acordó su imputación, y la de su antecesora Esperanza Aguirra el pasado septiembre, el magistrado también le señala por la supuesta adjudicación fraudulenta de los contratos para gestionar en 2009 y 2011 la cafetería de la Asamblea regional al empresario Arturo Fernández para "gratificar"así las aportaciones que habría efectuado este a la fundación Fundescam "para el pago subrepticio de gastos electorales". Incumpliendo así el mandato de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que impide a los contratistas de la Administración financiar gastos electorales.

Anticorrupción considera a Fundescam, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, "un instrumento muy activo"en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid "desviando las subvenciones públicas que recibía la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del partido".