El interminable cierre del «caso Pujol» aleja al expresident del banquillo

La familia Pujol ha pedido a la Audiencia Nacional que prolongue dos meses más el plazo para eliminar del sumario datos íntimos y personales ajenos a la investigación por la que Anticorrupción pide para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos penas que suman 92 años de prisión. La petición llega después de que el juez Santiago Pedraz instase el pasado 28 de abril a su defensa a concluir la tarea en 15 días para poder así cerrar la causa y dejarla en manos de la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento.

La pretensión de los Pujol Ferrusola no tendría nada que particular de no ser porque sus abogados y la Audiencia Nacional llevan ya dos años y medio enzarzados a cuenta de ese expurgo que nunca termina, según la defensa del expresident porque recurrentes problemas técnicos, que el Ministerio de Justicia no ha sido capaz de solucionar, le impiden acceder a la totalidad del voluminoso sumario de una instrucción judicial que, conviene no olvidarlo, arrancó ya hace más de once años, cuando en diciembre de 2012 Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola detalló a la UDEF las idas y venidas de la familia con dinero negro a Andorra.

En el trasfondo de todo este tira y afloja está, apuntan fuentes jurídicas, la necesidad de ganar tiempo para evitar al ya nonagenario Jordi Pujol, que cumplirá 93 años el 9 de junio, el mal trago de la pena de banquillo. Y es que al hecho de que la causa no haya sido aún elevada a la Sala de lo Penal, la encargada de señalar la fecha de inicio del juicio, se une otro condicionante insalvable: al no encontrarse ninguno de los imputados en prisión preventiva (resultaría imposible, dado que el máximo legal es de cuatro años), no tiene prioridad para hacerse un hueco en el apretado calendario judicial de la Sala.

De ahí que fuentes de la Audiencia Nacional reconozcan que resulta «imposible» que el juicio se celebre en 2024, e incluso van más allá al vaticinar que tardará en celebrarse «tres o cuatro años». Parece cada vez más complicado, por tanto, la imagen de Jordi Pujol sentado en el banquillo junto a sus hijos (su mujer, Marta Ferrusola, a punto de cumplir 88 años, fue apartada del procedimiento por padecer una demencia senil).

La Fiscalía no se opone

De momento, según fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto a la petición de ampliar una vez más el plazo, para garantizar así su derecho de defensa (la Sala de lo Penal ya obligó el pasado febrero a Pedraz a cerciorarse con el Ministerio de Justicia de que esos problemas técnicos eran reales antes de dar por concluida la fase de expurgo del procedimiento). El instructor debe tomar aún una decisión al respecto, pero en todo caso la familia Pujol puede recurrir en apelación a la Sala, lo que diferiría más tiempo la resolución de la controversia.

Cerca de cumplirse tres años del procesamiento de la familia Pujol, acordado por el juez José de la Mata en julio de 2020, los abogados del expresident y de sus hijos –quienes, según el antecesor de Pedraz en el Juzgado de Instrucción número 5, actuaron como una asociación ilícita que se habría enriquecido «durante decenios» con supuestas actividades corruptas gracias a su influencia social y política– quieren ahora dos meses más de plazos para eliminar de todos los archivos «que no pudieron ser descargados o a los que no se pudo acceder» los datos que afectan a la intimidad de los acusados.

Además, insisten en tener acceso a una copia efectuada «desde los discos duros originales» en los que se almacena todo el procedimiento. Para su letrado, Cristóbal Martell, se trata de «la única solución realmente operativa para realizar el expurgo con todas las garantías», protegiendo así «tanto el derecho de defensa como el derecho fundamental a la intimidad» de la familia Pujol, que «ocho años después de las entradas y registros» en sus domicilios tiene derecho –recalca en su recurso de reforma– a «acceder íntegramente» al contenido de los dispositivos informáticos intervenidos por orden judicial.

[[H3:Acceso «ineficiente»]]

Hasta ahora, se queja, el acceso a la plataforma digital «ha demostrado ser absolutamente ineficiente» y «poco operativo». «Han transcurrido dos años y medio desde que se subieron los volcados», lamenta, «y todavía no se ha podido completar el expurgo».

Porque pese a que reconoce «avances en la descarga y el acceso» a algunos archivos, puntualiza que estos «siguen siendo incompletos» puesto que «persisten varios problemas y dificultades» que, en su opinión, «ponen en entredicho» las conclusiones de la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia.

En un informe del pasado 11 de abril, desde el ministerio que dirige Pilar Llop se apuntaba que no se había detectado «ningún problema o inconveniente técnico» que dificultara el acceso a los archivos y que ninguno de ellos estaba dañado. Incluso, con cierta sorna, se recomendaba «la lectura de los manuales» en los que «se explican los procedimientos a seguir para las descargas».

Pero para la defensa de los Pujol, la respuesta de Justicia es «de poca ayuda para avanzar» en el cribado del sumario y respecto a esos manuales aseguran que, aunque se los han leído, resultan de «extrema dificultad para una persona no experta en informática».

Además, muestran su sorpresa por el hecho de que «estas dificultades de descarga y acceso solo se produzcan en esta causa concreta, mientras que en las múltiples causas» que llevan ante la Audiencia Nacional «se pueden descargar los archivos subidos a la misma plataforma sin especiales dificultades».

A la espera de lo que decida Pedraz, lo cierto es que el horizonte judicial del «caso Pujol» sigue arrancando hojas del calendario.