Victoria judicial de los Pujol: la Audiencia traslada a Justicia sus problemas de acceso al sumario

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tendrá que cerciorarse de que son ciertas las denuncias de la familia Pujol sobre las dificultades técnicas que les impiden acceder a la totalidad del sumario para limpiarlo de documentos que afectan a su intimidad.

Más de dos años dura ya el tira y afloja en relación al expurgo del procedimiento entre el instructor y la defensa de la familia del expresidente de la Generalitat y sus siete hijos, para quienes Anticorrupción pide un total de 92 años de cárcel por formar parte presuntamente de una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas, prevaliéndose de su posición predominante en Cataluña, a través de la corrupción. Pero, ahora, la familia Pujol ha ganado una batalla judicial que demorará más el cierre de la causa y la fecha del juicio, que como informó este periódico difícilmente se podrá celebrar ya en 2023.

El abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, se quejó al juez Pedraz de que el sumario aún contenía datos que afectan a la intimidad de la familia y que no han podido ser expurgados por problemas técnicos en el acceso a la plataforma digital a través de la cual los letrados pueden consultar las actuaciones. Por este motivo solicitó al instructor que les entregase los discos duros originales o una copia de los efectos informáticos intervenidos en los registros practicados a lo largo de la investigación. O, en su defecto, que se les permita poder cribar esos archivos que continúan vedados a su análisis por supuestos impedimentos técnicos. Ahora, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional le da parcialmente la razón en sus quejas.

"Defecto del sistema" o "falta de habilidad informática"

En un auto al que ha tenido LA RAZÓN, la Sala rechaza (como ya hizo en marzo del pasado año) que se entreguen a la familia del expresidente de la Generalitat los discos duros incautados o una copia de ellos, pero al mismo tiempo anula la decisión de Pedraz de oponerse al expurgo de aquellos documentos que los procesados no han identificado por esos recurrentes problemas de acceso a la plataforma digital.

El 11 de noviembre de 2022, el magistrado sustentó su decisión en que desde el Ministerio de Justicia –responsable de ese gestor de contenidos procesales– no había recibido ninguna notificación alertando de que en la causa existan archivos defectuosos que impidan su consulta.

Pero la Sala, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, concluye, tras examinar los argumentos de los acusados en su recurso de apelación, que «lo razonable» es «cerciorarse», a través del Ministerio de Justicia, de que esos impedimentos técnicos –que la familia Pujol ha plasmado en un acta notarial– se deben a algún «defecto del sistema» o a una «falta de habilidad informática» de los letrados.

El juez pregunta a Justicia

Si efectivamente existen obstáculos técnicos para acceder al sumario, el tribunal insta a que se busque «una solución» que remueva esos obstáculos. Si no es así, deja la decisión en manos de Pedraz «con libertad de criterio».

El instructor ya ha tomado nota y en una providencia firmada el pasado viernes ha encargado a la Unidad de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia la elaboración de un informe técnico-informático que determine «si es posible el acceso, descarga y visionado de los elementos» que, según ese acta notarial, resultan de imposible consulta por parte de la defensa de la familia Pujol. Y en caso de que acrediten que hay «algún fallo o imposibilidad técnica», añade, insta a los responsables de la plataforma digital a que indiquen «la causa así como la forma de subsanarla».

La celebración del juicio –con Jordi Pujol camino ya de los 93 años– tendrá por tanto que seguir esperando.