El juez pone coto a los Pujol: se niega a expulsar del sumario todos los archivos que reclaman

Dos años después, la familia Pujol sigue empeñada en desbrozar la investigación que les sentará en el banquillo de documentos íntimos y personales, un minucioso cribado -erizado de problemas técnicos- que ha impedido que el juez deje ya el procedimiento en manos de la Sala de lo Penal, lo que permitiría encarar ya la recta final hacia el juicio después de más de una década de instrucción.

Pero tras múltiples dimes y diretes sobre el expurgo del sumario -que indefectiblemente terminaban en recurrentes quejas por parte de la defensa de los Pujol por la imposibilidad de acceder a determinados archivos incautados-, el juez Santiago Pedraz, con el respaldo de Anticorrupción, parece haber puesto coto a esa interminable tarea detrás de la cual fuentes de la Audiencia Nacional advierten una maniobra dilatoria para demorar el procedimiento y que el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 92 años (y que sufrió un ictus el pasado septiembre) termine eludiendo el banquillo.

A instancias del magistrado, la defensa de la familia Pujol precisó los documentos del sumario que, según su criterio, afectan a su intimidad personal (archivos que afectan a Jordi Pujol y Marta Ferrusola, pero también a sus hijos Pere, Josep y Jordi), con el objetivo de que, al resultar ajenos a la investigación, sean apartados del procedimiento. Pero, al mismo tiempo, reclamaba la expulsión de la causa de todos los demás archivos que, se quejaba, no habían podido consultar por problemas de descarga y acceso, pese al apoyo técnico brindado por la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia (que gestiona la plataforma donde se vuelcan todas las actuaciones de forma telemática). Los Pujol identificaban todos esos archivos y carpetas mediante un acta notarial del pasado abril.

Aval de Anticorrupción

Ahora, el juez Pedraz -respaldado por la fiscal de Anticorrupción Belén Suárez- en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN accede a apartar los archivos señalados por la familia Pujol porque la mayoría no tiene relación con la causa o afectan a su esfera de intimidad o de terceras personas relacionadas con ellos. Pero, sin embargo, rechaza esa segunda petición de expulsar también todos esos documentos a los que, según exponen, no han podido acceder por impedimentos técnicos. El instructor se opone “al no acreditarse que afecten a su derecho a la intimidad o de terceros ajenos a este procedimiento”.

El magistrado aclara que “no se ha recibido ninguna notificación de los responsables de dicha plataforma Cloud del Ministerio de Justicia indicando que existan archivos defectuosos o carentes de contenido”. Y se opone igualmente a la devolución de los discos duros originales o de una copia de los mismos, “una solicitud ya formulada y resuelta”.

Y recuerda que el pasado marzo la Sección Tercera de la Sala de lo Penal (al avalar que el plazo para cribar el sumario debía continuar) determinó que pese a que el acceso de los Pujol al sumario ha sido “dificultoso” (como dan buena prueba las sucesivas prórrogas para su expurgo acordadas por el juez desde noviembre de 2020), eso “no justifica, sin embargo, la entrega a las partes de los discos duros originales de los dispositivos electrónicos intervenidos o de una copia”.

El iPhone de Pujol Ferrusola

La Sala consideraba esa petición “improcedente” al poder consultar las diligencias de manera digital, “habiendo confirmado la Unidad de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia la correcta disposición de acceso y descarga a través de la plataforma”.El tribunal sí descartaba la expulsión de aquella documentación en la que no se había realizado “una identificación individualizada que acredite que afectan al derecho a la intimidad o de terceros ajenos”.

Pedraz acuerda asimismo que continúen en el sumario una serie de archivos almacenados en el iPhone 6 Plus de Jordi Pujol Ferrusola que, según Anticorrupción, sí tienen relación con la investigación, y que hacen referencia a contactos, registro de llamadas y búsquedas en internet, chats y conversaciones de WhatsApp, así como a imágenes de “vehículos relacionados con el procedimiento” (la célebre colección de coches de lujo de Pujol Ferrusola).

Según fuentes jurídicas, la decisión judicial permite avanzar hacia el cierre del sumario, que previsiblemente podría producirse antes de final de año. La causa quedaría entonces en manos de la Sala de lo Penal, que deberá señalar la fecha de juicio, una vista oral que no es previsible que se celebre en 2023 (al no estar en prisión provisional ninguno de los acusados, las causas con preso tienen preferencia).

Fiscalía pide un total de 92 años de cárcel

En junio del pasado año, Pedraz acordó la apertura de juicio oral contra Jordi Pujol y sus siete hijos (para quienes la Fiscalía pide penas de ocho a 29 años de prisión) por integrar presuntamente una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su predominante posición política en Cataluña.

El magistrado impuso además a Jordi Pujol Ferrusola una fianza de 7,5 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. Una fianza a la que hizo frente con 3,8 millones de una cuenta bancaria que ya había sido embargada en 2015), con su colección de coches de lujo y con un piso en uno de los distritos más caros de Barcelona.

La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer en mayo de 2021 su petición de penas para la familia Pujol Ferrusola, que suman 92 años de cárcel –con el primogénito, para quien solicita una condena de 29 años de prisión, a la cabeza–. Entre los acusados ya no estaba Marta Ferrusola, pues unos días antes Pedraz la dejó fuera del procedimiento por una demencia sobrevenida.

Según la Fiscalía, el ex president Jordi Pujol «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo» a través de la cual el ex president y determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC». Unos beneficios supuestamente ilícitos que se ocultaron a Hacienda y afloraron después «mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años». Anticorrupción atribuye al primogénito una labor capital en la gestión de ese patrimonio y en el reparto entre sus hermanos de esas supuestas mordidas.