El juez amplía el plazo para que los Pujol criben el sumario de datos íntimos o familiares

La familia Pujol, procesada por delitos de organización criminal y blanqueo, entre otros, dispone de veinte días más de plazo para escarbar en el voluminoso sumario que durante los últimos años ha indagado en sus actividades supuestamente delictivas para identificar los datos que consideran de carácter estrictamente “íntimo, personal o familiar” a fin de que sean apartados de las actuaciones.

Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -al frente del Juzgado de Instrucción número 5 tras la salida de su anterior titular, José de la Mata, cuya plaza ocupará en propiedad en las próximas fechas- en una providencia del pasado día 14, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que acuerda acceder a la petición del abogado de la familia Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, de prorrogar el plazo estipulado en una resolución del 27 de noviembre de 2020.

En su petición al instructor, el letrado de los Pujol reclamó el 23 de diciembre pasado que se ampliara ese plazo para expurgar el sumario de datos personales ante las “dificultades” que presenta “la descarga y copia de los archivos” desde la plataforma digital en la que se almacena el procedimiento.

La operación, se queja Martell, es “extremadamente lenta dado el volumen y tamaño de los archivos (de varios terabytes)”, agravado por el hecho de que algunos de ellos, añade, “requieren además de programas especiales para acceder a ellos”. Motivo por el cual, constata, “todavía no hemos podido completar la copia de los archivos y acceder al contenido de todos ellos”.

El pasado julio, el juezDe la Mata procesó al matrimonio y sus hijos por integrar supuestamente una organización criminal que entre 1992 y 2014 habría “aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana” para acumular “un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Una enriquecimiento bajo sospecha que, añadía, se produjo “sin justificación y razón económica alguna” precisamente durante un tiempo “coincidente, en parte, con la presidencia de la Generalitat de Cataluña ostentada por Jordi Pujol”, cargo que ejerció entre 1980 y 2003.

El dueño de Cat Helicopters reclama sus dispositivos

Jorge Barrigón, dueño de la empresa de helicópteros Cat Helicopters e investigado por un supuesto préstamo ficticio de 960.000 euros a Josep Pujol a finales de 2009, con el que según la investigación habría colaborado en una presunta operación de blanqueo del hijo del ex president, también ha reclamado a la Audiencia Nacional el material intervenido en marzo de 2017 en su domicilio y en la sede de su empresa.

Y es que dos años y medio después de que el juez De la Mata accediese, en julio de 2018, a reintegrarle parte de ese material, asegura que a día de hoy “no han sido devueltos ninguno de los dispositivos informáticos acordados, que contienen información personal y familiar”. En un escrito remitido al instructor el pasado 31 de diciembre, su defensa recuerda que en mayo de 2018 solicitó la devolución de ese material: dos móviles, un portátil, dos ipad y siete pendrive, además de un documento sobre la valoración de la obra de Salvador Dalí “El Tigre”, que fue incautado en el interior de su vehículo.

Dos meses después, el 4 de julio de 2018, De la Mata concluyó que no había ningún obstáculo para reintegrarle los equipos informáticos incautados, “con la única excepción de los discos duros”, que ordenó que se depositaran en la caja fuerte del juzgado bajo la custodia del letrado de la Administración de Justicia.

Respecto al resto de material intervenido, el juez acordó la “devolución de aquellos documentos cuyo contenido sea abiertamente familiar o profesional ajeno al objeto de la investigación”, instando al investigado a identificarlos para que puedan ser apartados de la causa.

Pero la defensa de Barrigón se queja de que ni se le han devuelto ni siquiera “ha sido requerido” para que pueda “identificar los documentos de contenido abiertamente familiar o profesional ajenos al procedimiento, por lo que a fecha de hoy, siguen sin ser expurgados de las actuaciones”.