El Gobierno ha conseguido poner un «parche» a la crisis migratoria que vive Canarias gracias a que las autonomías del PP han aceptado el reparto de los 347 menores migrantes, aunque va a tener muchos problemas para lograr la reforma de la Ley de Extranjería para evitar que se reproduzcan estas situaciones a futuro. Moncloa va a tener muchos problemas por su debilidad parlamentaria, ya que su socio Junts ya se ha descolgado del todo y ha anunciado su voto en contra, mientras que el PP se muestra muy crítico con las formas y porque se hace sin financiación asegurada por ley, por lo que parece alejado de garantizar su apoyo a la propuesta legislativa. En todo caso, los populares evitan definir aún su posición definitiva.

Tanto el reparto de los 347 menores como la reforma de la Ley de Extranjería se han abordado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha celebrado en Tenerife y ha reunido presencialmente a solo ocho de las 19 autonomías que hay en España (Andalucía, Extremadura, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y Cataluña). La cumbre ha estado presidida por Fernando Clavijo, presidente canario, y ha contado con la presencia de dos ministros: Sira Rego y Ángel Víctor Torres.

Los populares ignoran las amenazas de Vox de romper los gobiernos autonómicos y han optado por proyectar «sentido de Estado» con la acogida de forma voluntaria de los 347 menores migrantes. También es cierto que el contexto obliga al PP a aceptar la acogida de los menores porque gobierna en coalición en Canarias con Coalición Canaria. Frente a los intentos del PSOE por equiparar a PP y Vox con la cuestión migratoria, los populares reivindican que sus autonomías ya gestionan al 80% de los menores no acompañados, una cifra que, en términos absolutos, se traduce en 5.000 jóvenes. El partido de Alberto Núñez Feijóo lo que está reclamando es que el Gobierno, que tiene las competencias exclusivas en materia migratoria, haga esfuerzos y tome medidas porque las autonomías ya están al límite de sus capacidades.

«El Gobierno utiliza la inmigración. Nosotros ni cedemos al chantaje del Gobierno ni a las amenazas de Vox», señalan fuentes populares, en referencia a la actitud de Moncloa contra sus autonomías y a los avisos de Vox a sus gobiernos autonómicos (Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Extremadura).

En este sentido, la propia proposición de ley que ha impulsado el Gobierno negociando con Coalición Canaria para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y cambiar la regulación de la acogida de los menores migrantes denota la voluntad que tiene Moncloa por sacudirse la carpeta migratoria. La exposición de motivos hace reiteradas alusiones a la división competencial entre la inmigración, que corresponde al Estado, y a la atención a los menores, que está en manos de las autonomías, y aprovecha esa circunstancia para arrogarse la capacidad de distribuir por toda España a los jóvenes no acompañados que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla sin hacer referencia a la financiación. Los populares habían puesto la condición de que se les diera un fondo de contingencia ya que un menor supone a las comunidades unos 200 euros al día.

El debate sobre los recursos, que ha puesto el PP encima de la mesa, parece obviado por el Gobierno, a la vista del borrador de la reforma de la Ley de Extranjería que ha diseñado (se ha hecho como proposición de ley para evitar asumir la autoría en primera línea ya que puede perder una nueva votación). La reforma de la Ley de Extranjería que plantea Moncloa regula el umbral a partir del cual se considera a Canarias, Ceuta y Melilla sobreocupadas (cuando el número de menores sea al menos un 150 por ciento de las plazas disponibles) y señala que si quedan los tres territorios declarados en situación de «contingencia migratoria extraordinaria», será «el órgano competente de la Administración General del Estado» (es decir, el Gobierno) el que decida «cuál debe ser la comunidad autónoma a la que se traslade para su ubicación» a los menores migrantes.

El PP evita aún definir su posición, aunque ya hay consejeros, como Ana Dávila (Comunidad de Madrid), que critican la reforma de la Ley de Extranjería por «imposición» del Gobierno y advierten de que puede ser «inconstitucional» por invadir competencias autonómicas.

Junts, muy duro, ya ha advertido de que va a rechazar ese cambio legislativo si Cataluña no queda excluida. Míriam Nogueras asegura que se van a plantar ya que Junts no puede votar a favor de una ley que «aún más tensiona» Cataluña. El conseller de la Generalitat Carles Campuzano (ERC) se muestra mucho más comedido, aunque advierte que el Govern no puede «avalarla» en los «términos» en los que la presenta el Gobierno.

El PSOE ha acusado al PP de «falta de humanidad» tras posponer su decisión sobre la reforma de la Ley de Extranjería y ha asegurado que «cabalga a lomos del discurso ultra» en materia de migración.