Francisco González, ex presidente del BBVA, se ha desvinculado en la Audiencia Nacional de las supuestas actividades ilícitas del ex comisario José Villarejo y ha insistido en que la entidad siempre actuó con respeto a la ley. Tras su comparecencia ante el juez Manuel García Castellón, que investiga los encargos que hizo el banco durante su presidencia al entonces mando policial para intentar impedir que la constructora Sacyr se hiciera con el control del banco, el propio González ha asegurado a los periodistas a las puertas del tribunal que “el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar, lo quiero decir así de claro, sin perjuicio como es lógico de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco”. El magistrado no ha acordado medida cautelar alguna contra el ex presidente de la entidad bancaria.

González ha recordado que a finales del pasado julio -coincidiendo con la imputación del BBVA como persona jurídica en esta causa- emitió un comunicado en el que se mostró "máximamente interesado en declarar". "Hoy he tenido la oportunidad de hacerlo y he podido contestar con toda transparencia y claridad a todas las preguntas de los fiscales y también del juez", ha explicado. Y aunque ha rehusado dar detalles de su declaración "porque esta pieza todavía está bajo secreto de sumario", sí ha insistido en que "una vez termine esta investigación quedará muy claro, repito muy claro"que no se produjeron actuaciones delictivas imputables a la entidad. "Les puedo asegurar que el BBVA es una gran institución internacional enormemente respetada que trabaja no solamente en beneficio de sus clientes y accionistas, sino que además presta servicios relevantes a la sociedad", ha concluido antes de abandonar el tribunal en compañía de su abogado, el ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos.

El ex responsable de la entidad ha declarado durante dos horas y media ante el juez Manuel García Castellón por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos en relación a los encargos realizados durante más de una década, entre 2004 y 2017, al ex comisario José Villarejo, que habrían implicado múltiples tareas de espionaje para recabar información y por las que el entonces mando policial habría percibido alrededor de diez millones de euros.

García Castellón imputó el pasado julio al BBVA como persona jurídica, a instancias de Anticorrupción, por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los supuestos pagos ilícitos de la entidad al comisario jubilado. En su informe, la Fiscalía aseguraba que del análisis de la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y de la información aportada por el propio banco se desprende que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos bajo la presidencia de González a Cenyt "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal". Esas contrataciones, según el Ministerio Público, "habrían tenido por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia"y de investigación "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito"teniendo en cuenta la incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial de Villarejo con su condición de funcionario policial en activo, por lo que la entidad habría incurrido en un delito de cohecho. Esas supuestas labores de espionaje habrían implicado además -en opinión de la Fiscalía- "una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria",entre ellas el ex ministro Miguel Sebastián, "lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos". Por otro lado, concluía Anticorrupción, alguno de los directivos de la entidad investigados "habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt"por facilitar esas contrataciones, por lo que habrían incurrido en un delito de corrupción en los negocios.

Villarejo, en prisión provisional por la "operación Tándem"desde noviembre de 2017, mantiene que actuó en esta operación como "agente encubierto"del Gobierno. Su abogado se quejó el pasado enero, en una de las comparecencias ante el juez del ex comisario, de que se intente "demonizar"a su cliente señalándole como "el enemigo público número 1 del Estado"cuando según él fue en realidad "una parte de la estructura del Estado"que "ayudó a los partidos políticos, a los gobiernos, en las misiones que le fueron encargadas como agente encubierto", entre ellas la que llevó a cabo para el BBVA, "en beneficio de la seguridad nacional".

Tras conocer la decisión de Anticorrupción de solicitar su imputación la pasada semana, González reiteró su "plena disposición a colaborar con la Justicia”, como ya hizo al confirmarse a finales e julio la condición de investigado del banco que dirigió. El ex presidente de la entidad siempre ha defendido que en mayo de 2018 "nada más tener conocimiento"de la contratación de Cenyt por el banco y de su vinculación con Villarejo puso en marcha "una investigación interna"en el BBVA. Asimismo, aseguró que la actuación del banco "en su conjunto"fue "intachable"bajo su mandato.

González abandonó la presidencia de la entidad en diciembre pasado y solo tres meses después, en marzo de este año, renunció también a la presidencia de honor a consecuencia de la investigación judicial por los encargos bajo sospecha a Villarejo.