Feijóo se postula con su propia batería de medidas sociales

Ante el desgobierno, la alternativa. Eso es lo que quiso presentar ayer el PP. Frente a la imagen del colapso de la mayoría de investidura, soluciones sin contrapartidas como escondía uno de los tres decretos que el Gobierno necesitaba aprobar. Es la máxima que exhibió el partido en el primer examen al que se enfrentaba el Gobierno y del que salió derrotado.

Y así quedó reflejado. Moncloa solo logró apoyar, y gracias al PP, uno de los tres reales decretos que debía convalidar. El principal partido de la oposición dio apoyo a la reforma de pensiones que perseguía facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo, una norma acordada entre sindicatos y patronal y que, por eso, contó con el voto del PP, ERC y el PNV, mientras que Vox, Bildu, Junts, Podemos y BNG lo rechazaron. Para el resto de decretos, el presidente del Gobierno no reunió los apoyos necesarios, esto es para el decreto que serviría para gravar a las empresas energéticas o para el decreto de medidas económicas y sociales. Algo que deja claro, aseguran en el PP, que hay una «alternativa legislativa», puesto que ayer solo se tramitó en el Congreso «lo que Feijóo quería», según aseguran fuentes de la dirección nacional.

Así, los populares también consiguieron demostrar la dependencia real que el Gobierno tiene de sus socios para sobrevivir, lo que los llevó a poder repetir con galones que la «legislatura está muerta». Ante la presión del Ejecutivo para que fuese el PP quien les salvara en última instancia, en el partido recuerdan la frase de Feijóo a Sánchez en su investidura: «Cuando sus socios le fallen, no venga a buscarme». Y así sucedió ayer. «El Gobierno, si no dispone de ese apoyo parlamentario, si esa mayoría progresista de la que habla no existe, lo que tiene que hacer es tomar una decisión, porque lo que sí que tiene es capacidad para convocar elecciones», comentaba un diputado del PP. Frente a un Ejecutivo incapaz de aprobar el decreto «ómnibus» con sus socios para subir las pensiones o aprobar ayudas a la DANA y prorrogar las medidas para bajar el transporte, el PP presentó una alternativa con diferentes proposiciones de ley específicas que, si Sánchez apoya tramitarlas de urgencia, darían la solución, por ejemplo, al hecho de que las pensiones vuelvan a niveles de 2024 a partir del próximo mes. Ahora la pelota volverá a estar en el tejado del Gobierno, quien debe decidir si apoya las medidas del PP –retratándose– o aprueba en un Consejo de Ministros varios decretos ley específicos sobre cada materia, que el PP no vería con malos ojos y que incluso ya ha adelantado que apoyaría.

En el PP se sacuden de cualquier tipo de culpa que reparta el Ejecutivo hacia ellos por quedar derogada, por ejemplo, la subida de las pensiones, que a partir de febrero bajarán en un 2,8% frente a lo que cobrarán los pensionistas en su nómina de enero. Ante el «que lo explique el PP», que ayer enarbolaban ministros del Gobierno como defensa ante las dos derrotas parlamentarias, Génova se protegía. «Nosotros no tenemos la culpa de que el Gobierno no tenga apoyos». Declinan cualquier responsabilidad al respecto, pues el Ejecutivo, explican, presentó un «decreto trampa» en el que se mezclaban cesiones a sus socios con medidas de gran calado social. «Si no pueden gobernar, el colmo es que responsabilicen a la oposición», se quejó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sus redes sociales. Apuntó, además, el final de la legislatura y reclamó la convocatoria anticipada de elecciones. «Esta legislatura es ingobernable. Sin la confianza de la Cámara, ni de la calle, el Gobierno ya solo puede aportar decadencia e inoperancia», sentenció. Para los populares es «inasumible seguir, sin capacidad para sacar Presupuestos, reales decretos o leyes».

Concretamente, el PP registró una ley para proteger a los jubilados y garantizar que los pensionistas «no paguen los problemas de Pedro Sánchez» con sus socios. Los populares consideran que deben quedarse «al margen» de las disputas políticas del Gobierno y que la revalorización de las pensiones debía presentarse separada de otras medidas legislativas.

Así, la proposición de ley establece la subida del 2,8% para todas las pensiones en general, que llega al 9% en el caso de las pensiones no contributivas y de otras prestaciones económicas. De igual modo, se protegen las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital.

El decreto «ómnibus» también contenía medidas para la reconstrucción de Valencia. En concreto, contemplaba para 2025 un endeudamiento adicional a largo plazo para financiar los gastos extraordinarios derivados de la riada. Frente a esto, el PP registrará textos para garantizar la protección de los afectados. Los populares también se comprometen a blindar en el Congreso las mejoras referidas a transportes, fiscalidad y financiación territorial.

En el PP, de todos modos, tienen la baza de sus gobiernos autonómicos: serán las comunidades las que decidirán si siguen financiando por su cuenta los descuentos. Madrid o Baleares, por ejemplo, ya han asegurado que mantendrán la gratuidad en los transportes públicos. Otra «carta» que pierde el Gobierno de coalición en materia de políticas sociales.