La expresidenta de Adif dice al juez que solía encontrarse con el comisionista de la "trama Koldo" cuando iba a despachar con Ábalos

La expresidenta de Adif ha asegurado al juez del "caso Koldo" que cuando acudía al Ministerio de Transportes a despachar con José Luis Ábalos solía encontrarse frecuentemente con el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la trama e imputado en el procedimiento. Según fuentes jurídicas, tanto Isabel Pardo de Vera como los otros dos testigos que han comparecido ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno -Martín José Navarro, director de Recursos Humanos de Adif, y Manuel Fresno, director financiero del ente público encargado de la administración de las infraestructuras ferroviarias- han puesto reparos al informe de auditoría elaborado por orden del actual titular de Transportes, Óscar Puente, sobre la adjudicación de los contratos bajo sospecha, que han calificado de "erróneo" e "incompleto", y que señala a su antecesor José Luis Ábalos.

La que fuera secretaria de Estado de Transportes, según esas mismas fuentes, ha dicho que conocía a Aldama, ha matizado que desconocía qué papel desempeñaba. Asimismo, ha enmarcado las "presiones" que recibió del ministerio para la tramitación de los contratos en la necesidad de "agilizar" la compra y distribución de mascarillas en esos momentos cruciales de la pandemia y ha explicado que el contacto de Soluciones de Gestión, la empresa de la supuesta trama, se le facilitó desde Puertos del Estado, el primer organismo que contrató a esta sociedad para la adquisición de mascarillas (después recurriría a ella Adif, el Ministerio del Interior y los gobiernos balear y canario que entonces presidían la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ahora ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, respectivamente).

Por su parte, preguntado por el contrato firmado con Soluciones de Gestión, Manuel Fresno, director financiero de Adif, ha admitido que es el único que conoce que incluyese un 50% de pago anticipado.

Según ha asegurado a las puertas de la Audiencia Nacional tras las comparecencias el abogado Javier María Pérez-Roldán, representante de una de las acusaciones populares, Hazte Oír, "esos pagos anticipados están prohibidos por la ley de contratación" y ha aventurado que las administraciones "estaban financiando anticipadamente a Soluciones de Gestión porque no tenía capacidad" para afrontar una contratación de material sanitario de esa envergadura en China, desde donde su suministraron las mascarillas.

En el marco de esta causa, Hazte Oír ha solicitado al instructor la imputación del expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, que el pasado viernes –en su declaración como testigo– descargó en el ministerio de Ábalos la responsabilidad de la contratación de la empresa de la «trama Koldo». En el escrito en el que reclama la medida, la acusación popular recuerda que en su declaración como investigado, el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares –el primer alto cargo destituido por el «caso Koldo»– dijo que por parte de su equipo se plantearon «reticencias» a la hora de contratar con Soluciones de Gestión, pero que se siguió adelante «por decisión» de Toledo, entonces presidente del organismo.

Él mismo fue también, según Sánchez Manzanares, quien «consideró que era inviable» llevar a cabo el transporte de las mascarillas con medios públicos, «indicando que debía contratarse a Raminatrans» (la empresa que según la investigación impuso la propia adjudicataria). Para la acusación, su imputación es necesaria ante lo que considera indicios de delito y porque no está claro por qué se realizó un pago anticipado «ni el exacto procedimiento por el que se regía».