ERC amenaza la estabilidad del Gobierno por el espionaje

La inestabilidad que

caracteriza a este Gobierno ha vuelto a manifestarse tras la desclasificación de los autos del Tribunal Supremo (TS) que autorizaron al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a espiar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el software «Pegasus». De hecho, la situación puede ir mucho más allá y complicarse para el Gobierno si se confirma que Pedro Sánchez estaba detrás del espionaje como las sospechas indican. De ser así, el presidente del Ejecutivo puede quedar aún más debilitado en esta legislatura y forzado a ceder más a los independentistas para «compensar» a sus socios y salvar su cargo. De momento, el «caso Pegasus» está en fase incipiente y quedan muchas cosas por aclarar.

El programa «Pegasus» se introdujo en el teléfono del líder republicano entre julio de 2019 y marzo de 2020 –mientras ocupaba la vicepresidencia del Govern– al considerarse que podía operar como líder en la clandestinidad de los Comités de Defensa de la República (CDR). Así se expone en el documento revelado a instancias de la autoridad judicial tras la querella interpuesta por los afectados.

Aragonès mostró malestar y calificó de «mentiras» los argumentos del TS y cargó duramente contra el CNI: «Si no fuera por la gravedad de los hechos, este auto se parecería más a un cómic de Mortadelo y Filemón que a un documento de un Centro de Inteligencia». Para el presidente catalán, tras esta operación se esconde «la intención política de destruir el legítimo proyecto de defender la libertad de Cataluña», y aseguró que él, por contra, siempre ha utilizado «los medios democráticos» para lograr sus fines.

Es más, desde el Govern anunciaron una respuesta y avisaron: «Pasarán cosas y seguro que habrá más contactos con el Gobierno español».

No se hizo esperar la respuesta del Gobierno que, consciente de lo que implica enemistarse con ERC, orquestó un discurso tan inverosímil como fielmente asimilado por los socialistas: «Ni el ejecutivo autorizó este espionaje ni se tenía conocimiento de él», defendió el titular de Presidencia, Félix Bolaños. «Se autorizó antes», añadió la vicepresidenta, María Jesús Montero, en referencia al Gobierno de Mariano Rajoy.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró, por su parte, que esta operación se llevó a cabo «bajo el mandato de Sánchez», por lo que resulta «imposible» que no conociera la situación. «Está conforme a derecho», apuntó el dirigente gallego, por contra, en defensa del CNI.

Entre estas acusaciones cruzadas, una Comisión de Investigación en el Parlamento catalán sobre «Pegasus» y la comparecencia telemática en los juzgados de Barcelona de la exdirectora de Inteligencia, Paz Esteban, ERC vislumbró la coyuntura perfecta para poner contra las cuerdas a un Gobierno que espiaba a su presidente mientras llegaba a acuerdos con su formación. «Llegaremos hasta el final para que todo salga a la luz», declaró Aragonès, que evitó publicitar la opinión mayoritaria en el seno de su partido: no se creen las excusas del Gobierno.

Para más inri, Sumar –miembro del Gobierno de coalición– y Pablo Iglesias –exvicepresidente– se posicionaron del lado del presidente de la Generalitat. El exdirigente de Podemos compareció en la mencionada Comisión en el Parlament y, también de forma telemática, denunció que «la ministra de Defensa, Margarita Robles, debería haber dimitido» a pesar de que afirmó «no saber nada» de esta operación, que coincidió con su mandato como vicepresidente.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, defendió que «la ciudadanía tiene derecho a conocer todo aquello relacionado con este caso de espionaje», y su compañero de formación, Íñigo Errejón, apuntó que «un Estado democrático no puede espiar a sus rivales políticos». El expresidente catalán Artur Mas comparó el caso con los GAL.

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña apuntaron que «el victimismo de ERC persigue una campaña de desprestigio de las instituciones del Estado». «Los independentistas quieren que se les dé la razón antes de investigar los hechos, quieren que no se les pueda investigar nunca», explicó la diputada Anna Grau. «Es todavía más perturbador que quienes denuncian este espionaje no hayan dudado en utilizar a los Mossos d’Esquadra para investigar a los líderes de la oposición en Cataluña», concluyó, «es una guerra sucia que no podemos permitir».

En cualquier caso, el espionaje al presidente de la Generalitat a través de «Pegasus» tendrá consecuencias políticas. ERC confía en que su poder negociador aumente, y de ello se beneficiará, en primer lugar, el Govern de la Generalitat. Siguen sin pactarse unos Presupuestos en Cataluña y el único acuerdo posible pasa por que los republicanos y los socialistas terminen entendiéndose, a expensas de que otro grupo minoritario como los comunes o la CUP también apoyen las cuentas.

Esta misma lógica presupuestaria se aplica al Gobierno central, aunque con menor urgencia y con los papeles cambiados. Son los socialistas quienes requerirán del apoyo de ERC para sacar adelante una legislatura en absoluta minoría y donde también es decisiva la formación de Junts.

En relación a los posconvergentes, el partido republicano celebra que este caso haya devuelto la notoriedad pública a su partido, que compite con la formación de Carles Puigdemont por dificultar la estabilidad del ejecutivo de Sánchez. También están en el horizonte las próximas elecciones autonómicas, previstas para febrero de 2025, donde ERC y Junts pelearán los votos independentistas al Parlament de Cataluña.