El «macrobote» de UGT-A

El mayor bote del que se tiene constancia hasta el momento lo acumuló el sindicato UGT-A con la empresa sevillana Chavsa, cuyas instalaciones fueron registradas la semana pasada por orden del juez Juan Jesús García Vélez en el marco de la segunda fase de la «operación Cirene». El gerente de la compañía, S.C., que fue detenido junto a un comercial de la compañía, quedó en libertad el pasado miércoles, tras ser acusado de los delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública. El bote en cuestión, reseñado en contabilidad interna del sindicato a la que ha accedido LA RAZÓN como «saldo a nuestro favor», se eleva a 403.094,41 euros.

Chavsa es una empresa sevillana con delegación en Madrid y dedicada fundamentalmente al equipamiento de edificios. Se trata de uno de los principales proveedores del sindicato UGT, en el punto de mira desde que estalló hace un año el escándalo de las facturas falsas. Aunque además de UGT, Chavsa también trabaja para importantes instituciones.

En 2013 fue de hecho adjudicataria junto a la empresa Cador de un contrato de 38 millones de euros para la habilitación de los interiores de la nueva sede de la OTAN en Bruselas.

Los trabajos de Chavsa facturados a la UGT-A están relacionados fundamentalmente con sedes y centros de formación de uniones provinciales, encargos que han pasado de los seis dígitos. Un ejemplo es la liquidación con esta empresa a 23 de septiembre de 2011. Tal y como recoge documentación en poder de este periódico, se elevaba en ese momento a 1.201.980,21 euros, correspondiente a dos facturas. La 615, de 14.679,62 euros, relativa a trabajos en una sede de UGT en Los Molares (Sevilla); y otra, la 542, de 1.187.300,59 euros, de actuaciones en un centro de formación de Huelva. El sindicato UGT-A cuenta efectivamente entre su patrimonio de más de 20 millones de euros con un centro de formación en Los Molares de 193 metros cuadrados y con otro en Huelva, el Féliz Lunar, construido en 2009, de 1.193 metros cuadrados de aulas y talleres.

El documento que recoge el «macrobote» de la UGT-A con Chavsa es revelador. Señala en una columna los «rápeles pendientes» y en otra, el bote o «saldo a favor», prueba de la minuciosidad con la que el sindicato tenía articulada toda una contabilidad paralela, una «caja B» por usar la terminología de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Junto a Chavsa, aparecen en el mencionado documento otras empresas que también han sido registradas en la segunda fase de la «operación Cirene», relacionadas con la decena de empresarios detenidos. Forman parte del anillo de compañías proveedoras habituales con las que UGT trazó una ingeniería contable basada en la emisión de facturas falsas o infladas, con el fin último de financiarse irregularmente, según apunta la investigación. Tal es el caso de KND, Lienzo Gráfico, con un bote generado en ese momento de 114.500,73 euros, Publicar (144.324,88 euros), Siosa (149.794,96 euros) o Viajes Macarena.

Hay que recordar que Siosa fue la empresa que surtió al sindicato de las videocámaras que se autorregaló la cúpula del sindicato en los «reyes» de 2010, según avanzó en su día LA RAZÓN. Y Publicar suministró, entre otros muchos pedidos, los 400 relojes y 200 bolígrafos de plata que UGT cargó, tras la pertinente modificación de facturas, a los planes de formación sectorial e intersectorial de 2006.

En el mismo documento contable también se refleja un rápel pendiente de Chavsa de 16.561,28 euros. No es el más abultado. Hay otro de Siosa de 70.466,60 euros. Los descuentos o rápeles no entrañan en sí ninguna irregularidad. Lo irregular en este caso y que investiga la Guardia Civil es que UGT se quedó presuntamente con esos descuentos, que se aplicaron sobre subvenciones finalistas de la Junta de Andalucía.

La segunda fase de la «operación Cirene» se desarrolló la semana pasada en varias provincias españolas. La Guardia Civil detuvo a 14 personas, entre ellas el ex tesorero y vicesecretario de Administración del sindicato en Andalucía Federico Fresneda, mano derecha de Manuel Pastrana durante los quince años de este último como secretario general.

La primera fase de la operación tuvo lugar las pasadas navidades. El caso entonces estaba en manos de la juez Alaya –pasó a Instrucción 9 tras quitárselo la Audiencia de Sevilla en marzo– y la magistrada mandó registrar los archivos del sindicato en Sevilla y Córdoba.