El juez imputa a los hijos de Gonzalo Pascual y a la mujer de De Cabo

Se amplía la lista de imputados del «caso Crucero». Apenas dos semanas después de tomar declaración a Gerardo Díaz Ferrán, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar mañana como imputados –a instancias del fiscal Daniel Campos– a los cuatro hijos del ex propietario de Marsans, ya fallecido, Gonzalo Pascual –Gonzalo, Ignacio, José María y Diana Pascual de la Riva–, y a Consuelo Garrido, esposa de Ángel de Cabo, el «liquidador» con quien los entonces dueños de Marsans pactaron supuestamente, en junio de 2010, la venta del grupo para evadir sus bienes y burlar así a sus numerosos acreedores. El magistrado pretende esclarecer la participación de todos ellos en diversas sociedades del conglomerado empresarial del que se habría servido la trama para vaciar patrimonialmente el grupo y aparentar una insolvencia ficticia.

El instructor quiere delimitar la posible responsabilidad de los cuatro hijos de Pascual y María Ángeles de la Riva en una donación efectuada por el matrimonio el 22 de septiembre de 2009. Según consta en la querella presentada el pasado enero por Meliá, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur contra Díaz Ferrán, Pascual y De Cabo, ambos (casados en régimen de gananciales) donaron a sus hijos en escritura pública «diversas participaciones societarias en empresas patrimoniales del matrimonio».

Así, según los denunciantes Pascual y De la Riva donaron a sus vástagos el 100% de las acciones de la sociedad Fisolite S. L., valoradas en 3,8 millones de euros; el 50 por ciento de las acciones de Fincas y Cinegética S. A., valoradas en 160.800 euros, y el 100% de las de Valquinava S. A., valoradas en 1.095.000 euros, todas ellas propietarias de varias fincas de caza «de importante valor». Pero los querellantes alertaron de la finalidad «espuria y defraudatoria de los derechos de los acreedores que persiguen dichas donaciones» dado que, denunciaron, «los supuestos donantes se reservaron en la escritura de donación la facultad de disponer de nada menos que el 95% de los bienes supuestamente donados o de cualesquiera otros que les sustituyesen», lo que evidencia, añaden, «que tales bienes han seguido estando bajo su control». El juez Velasco deberá dilucidar ahora si esa operación se hizo, en realidad, para desprenderse de forma ficticia de sus propiedades dado que, a principios de ese mismo año, las entidades del grupo Marsans «dejaron de abonar con regularidad sus obligaciones de pago» con proveedores, Seguridad Social y Agencia Tributaria.

Tres de los hijos de Gonzalo (José María, Gonzalo e Ignacio) también figuran, junto a sus padres, en la venta, el 28 de julio de 2010 (sólo días después de cerrar el acuerdo con De Cabo para dejar en sus manos el grupo Marsans), del 100% de las participaciones sociales que ostentaban en Parihol Inversiones S. L., precisamente a Possibilitum Business, la empresa de De Cabo, a cambio de tres millones de euros. Pero según los acreedores de Marsans, ese montante «quedó en su totalidad aplazado hasta el mes de enero del año 2015», cuando debía empezar a abonarse en seis plazos anuales de 500.000 euros, sin ninguna garantía ni intereses, unas condiciones que en opinión de los querellantes denotan el carácter «ficticio» de la operación.

A través de Parihol Inversiones y Holdisan Inversiones S. L., Díaz Ferrán y Pascual controlaban diversas empresas como Trapsatur y Trapsa (ambas dedicadas al transporte), Publibus y Limpiezas Roda, entre otras.