El Govern se rebela: no volverán «diga lo que diga el Constitucional»

La anulación del Tribunal Constitucional (TC) de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña sirvió ayer para que el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona pusieran en práctica la nueva moda de la política catalana: las llamadas a la desobediencia. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, aseguró ayer con toda rotundidad que «los toros no volverán a la Monumental de Barcelona «diga lo que diga» el Tribunal Constitucional (TC), por lo que el Govern desplegará «todos los mecanismos operativos y normativos» a tal fin tras analizar «a fondo» la sentencia.

Rull, que fue en su día el diputado de Convergència encargado del debate sobre los toros en el Parlament de Cataluña, subrayó que la voluntad de los catalanes es «inalterable». «Lo puedo decir más alto, pero no más claro», subrayó el conseller.

Tal y como hizo durante los debates en el Parlament para materializar la prohibición de las corridas, Rull llevó el asunto al terreno de los derechos de los animales y obvió el trasfondo identitario. «La cuestión es si es aceptable en el siglo XXI un espectáculo basado en el sufrimiento y en la muerte de un animal. Cataluña dijo que no y seguirá diciendo que no», afirmó el conseller.

Quien también se apuntó a la desobediencia –la bandera de la CUP cada vez cuenta con más abanderados– fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se rodeó de los líderes municipales de Convergència, ERC y la CUP para sentenciar que su gobierno trabajará para dejar «sin efectos prácticas» la sentencia. «Si no podemos permitir clavar una banderilla a un perro de la calle, no podemos dejar que se maltrate a un animal en un recinto cerrado», afirmó.

La alcaldesa anunció, además, que en el próximo pleno se pondrá a votación una declaración con el objetivo de «reafirmar la voluntad antitaurina» del consistorio. Jaume Collboni (PSC), que también forma parte del gobierno municipal, opinó que «se deberá cumplir» la sentencia del TC, pero puntualizó que el consistorio buscará vías legales para defender la Ley que aprobó el Parlament.