Génova
El exgerente del PP atribuye al extesorero los pagos de la obra de Génova y admite sus cobros en B
El exgerente del Partido Popular (PP) Cristóbal Páez ha atribuido al extesorero de la formación Luis Bárcenas los pagos de las obras de remodelación de la sede de Génova, investigados por haberse realizado con 888.000 euros en negro, y ha vuelto a reconocer que cobró 12.000 euros no declarados a Hacienda, informaron a Europa Press fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.
Páez, que ha declarado durante casi dos horas como imputado en el procedimiento en el que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha asegurado no conocer cómo se realizó el pago de las obras a la empresa Unifica, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, porque su misión se limitaba a supervisar el desarrollo de los trabajos.
Al igual que en la declaración ante el juez Ruz que realizó el pasado 12 de agosto, en aquella ocasión como testigo, Páez ha admitido que percibió dos pagos de 6.000 euros en negro en el despacho del extesorero Alvaro Lapuerta que éste le hizo entrega en presencia de Bárcenas. "Yo veo que me pagan un dinero que no se declara. Entiendo que es dinero de los donativos que no declaran", aseguró entonces.
No obstante, al ser preguntado si esos cobros suponen la existencia de una contabilidad opaca en el PP, el exgerente ha afirmado que él no tenía constancia de ella. "Ni he visto ni me consta que se pagara en B", ha asegurado, según fuentes presentes en la comparecencia.
Durante la declaración, el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, también ha preguntado a Páez por qué una de las facturas que el PP le envió el pasado 2 de diciembre va firmada por él si no se ocupaba de los pagos a la empresa constructora. El abogado de Páez, el exfiscal Ignacio Gordillo, se ha quejado por el hecho de que su cliente haya sido preguntado por una documentación que no ha podido estudiar con el tiempo suficiente.
NO SABIA COMO SE FACTURABA
Ruz también ha tomado declaración como testigo a la jefa de la obra que Unifica llevó a cabo en la sede del PP, María Rey. La empleada de Urquijo ha indicado que desconoce el sistema de facturación que utilizó la empresa y ha asegurado que ella se limitaba a comunicar los datos relativos a la obra ejecutada.
Rey, que figura como remitente y destinataria en varios de los correos electrónicos incautados en el registro que la policía hizo en septiembre en Unifica, ha concretado que se relacionaba habitualmente con Páez y el exjefe de Seguridad del PP y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente.
Además, ha admitido que el departamento de Contabilidad del PP le entregó en una ocasión un cheque para Unifica que recogió porque se encontraba en aquel momento en Génova y por el que tuvo que firmar un recibí.
También ha indicado que la reforma de la sede del PP no requería la elaboración de un libro de obra porque su utilización es habitual en la obra pública pero no en la privada. Según su testimonio, las modificaciones que se realizaron respecto al proyecto original sólo quedaban reflejadas en las actas que ella elaboraba.
DOS INTERROGATORIOS PENDIENTES
El juez Ruz también ha interrogado este lunes al arquitecto Gonzalo Urquijo, quine ha asegurado que "siempre"cobró de la formación "por transferencia o cheque"y nunca percibió pagos en dinero negro. Los dos interrogatorios pendientes, el de De la Fuente
y el de la trabajadora de Unifica Laura Montero, se celebrarán el próximo jueves.
Ruz imputó a Páez y Urquijo el pasado 22 de noviembre en un auto en el que apuntaba a la existencia de "una contabilidad en B"en el PP que se habría desarrollado "continua en el tiempo". El juez llegó
a esta conclusión a partir de un informe policial que ponía de manifiesto la coincidencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad opaca de Bárcenas, que coincidían con anotaciones halladas en el registro de la empresa de Urquijo.
El instructor apuntaba que de esta forma se confirmaba "a nivel indiciario"la existencia de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos"en el PP al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar a Urquijo, al que imputó como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que habrían sido cooperadores necesarios tanto Páez como Bárcenas.
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