En libertad los miembros de la CUP investigados por quemar fotos del Rey

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado la puesta en libertad, sin imponerles medida cautelar alguna, de los cinco detenidos por quemar fotos del Rey durante una manifestación en la Diada del pasado 11 de septiembre, si bien todos ellos siguen acusados de un delito de injurias a la Corona.

Los cinco miembros de la CUP investigados por la quema de fotos del Rey en Barcelona durante una manifestación independentista en la última Diada quedaron ayer en libertad tras negarse a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga la posible comisión de un delito de injurias a la Corona. Todos ellos fueron detenidos –los dos últimos ayer mismo, cuando se trasladaban en autobús a Madrid para apoyar a sus compañeros arrestados con anterioridad– y conducidos ante el magistrado, al que plantaron el pasado jueves no compareciendo en la Audiencia de Barcelona, para declarar por videoconferencia, pese a que habían sido citados como imputados. En esta ocasión, acudieron a la fuerza a la Audiencia Nacional, pero ninguno de ellos quiso declarar ante Andreu, acogiéndose a su derecho a guardar silencio. La Fiscalía no pidió al juez que acordara ninguna medida cautelar, por lo que el magistrado les dejó en libertad una vez facilitaron sus respectivos domicilios para estar localizados para futuras notificaciones relacionadas con esta causa, en la que siguen teniendo la condición de investigados por un delito de injurias a la Corona.

Tres de los comparecientes aseguraron al magistrado que no reconocían la legitimidad del tribunal para investigarles y denunciaron que son víctimas de un ataque a la libertad de expresión, según aseguraron tras la comparecencia fuentes de su defensa, que además se quejaron de que una de las imputadas por estos hechos, Nora Miralles, no recibió la citación para declarar por videoconferencia, «por lo que no procedía su detención».

Andreu advirtió a los cinco investigados de la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y de las consecuencias legales de no acatarlas (en caso de que sean nuevamente citados y no comparezcan).

Pero la detención de tres de los investigados en este procedimiento provocó el pasado lunes que seis diputados de la CUP –entre ellos Benet Salellas y Anna Gabriel– se solidarizaran con sus compañeros y, en una rueda de prensa celebrada en el Parlament, les emularan rompiendo también ellos fotografías con la imagen de Felipe VI en un claro desafío a la Justicia. Un comportamiento que la Delegación del Gobierno en Barcelona ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía para que estudie si advierte indicios de delito.

Precisamente una de esas diputadas, Anna Gabriel, arropó ayer en la Audiencia Nacional a los cinco miembros de la formación antisistema investigados. La diputada autonómica cargó contra el consejero de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, a quien responsabilizó de la identificación «de oficio» a los imputados por «la quema simbólica de la imagen de la monarquía que se ha hecho en muchas otras ocasiones», informa Ep. Gabriel pidió la dimisión de Jané por prestar servicio «a tribunales de excepción como la Audiencia Nacional».

Tras la breve comparecencia, las defensas de los investigados calificaron la investigación por injurias a la Corona de «juicio político» y de «persecución a la libertad de expresión». El abogado de dos de los detenidos, Eduardo Cáliz, aseguró a las puertas del tribunal que la Audiencia Nacional «no tiene legitimidad sobre la soberanía del pueblo catalán».