De los 100.000 pirulos publicitarios a la «total pasividad» de los Mossos

La radiografía judicial. La investigación da por acreditada la «violencia compulsiva» contra los agentes y el apoyo «logístico y humano» de la Generalitat.

La investigación del referéndum ilegal del 1-O, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ha hecho aflorar en estos últimos doce meses numerosa documentación sobre los costes de la consulta, el papel de los Mossos y la actuación que llevó a cabo la Generalitat desoyendo el mandato judicial de impedir el 1-O. La instrucción de estas causas está repleta de informes de la Guardia Civil y resoluciones que desgranan lo que sucedió ese primero de octubre, el antes y el después y sus consecuencias jurídicas, lo que permite trazar la radiografía judicial del 1-O:

La decisión definitiva
La reunión clave en la que se decidió seguir adelante con el 1-O se celebró el 30 de junio de 2016. En la misma participaron, además de Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, los consellers Jordi Turull y Raül Romeva, el ex president Artur Mas y la secretaria general de ERC Marta Rovira. Allí se acordó, según un informe de la Guardia Civil, celebrar el referéndum ilegal en octubre de 2017 ante la evidencia de que “no habría ninguna propuesta española”, por lo que la
única alternativa era la vía unilateral.

La convocatoria
La investigación judicial señala a Junqueras, Romeva y Turull como los principales artífices -junto a Puigdemont- del referéndum ilegal. Ellos fueron los que propusieron formalmente el decreto de convocatoria del 1-O que aprobó, de forma unánime, todo el Govern, asumiendo así “la
responsabilidad solidaria” de esa decisión.

“Si decimos la verdad estamos muertos...”

Apenas un mes antes del 1-O, una conversación intervenida a uno de los “fontaneros” de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía, encargada de articular la consulta contra viento y marea, revela el convencimiento de que la independencia era imposible aunque se consiguiese celebrar el referéndum. “En el mes de octubre no hay capacidad ni tenemos control de aduanas ni tenemos un banco donde meter...”, asegura Josep Lluis Salvadó, secretario de Hacienda, a un asesor de la Generalita. “La cosa pinta...está muy verde, eso cualquiera que tiene dos dedos de cerebro lo sabe”, añade. Y expresa su temor a exponer esa realidad al president: “A mí me da pánico...”, “si le decimos la verdad (a la enviada de Puigdemont) estamos muertos”.

Cartelería: las facturas, a la Generalitat
Uno de los empresarios que, contratados por Òmnium Cultural, se encargó de la cartelería del 1-O admitió a la Guardia Civil que la entidad soberanista le precisó que pese a que el pedido lo hacía Òmnium “se facturará a la Generalitat de Cataluña”. El desembolso en cartelería, 61.879 euros, no se llegó a abonar, pero el Ejecutivo de Puigdemont asumió el coste en un acuerdo de Gobierno de 6 de septiembre de 2017. La Guardia civil considera a la asociación que preside Jordi Cuixart, en
prisión desde octubre del pasado año, “una de las piezas clave en la estrategia y financiación para conseguir la independencia”. Por orden de la Generalitat, fue la encargada de “realizar los pedidos y encargar la distribución de los carteles para animar a votar”.

100.000 pirulos y un millón de trípticos
Horas después de que Puigdemont firmase el decreto de convocatoria del referéndum el 6 de septiembre de 2017, desde Òmnium se puso en marcha, con el explícito “compromiso de que lo haremos”, la intendencia preelectoral solicitando de forma “urgente” a la empresa de cartelería
Artyplan un presupuesto para instalar en toda Cataluña 100.000 pirulos, 30.000 carteles para comercios, otros 150.000 para porterías de edificios y un millón de trípticos. Ese mismo día, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la consulta soberanista.

Bassa, “participación activa”

Desde la Conselleria de Trabajo que dirigía se puso en marcha supuestamente una base de voluntarios para el referéndum, lo que demuestra según la investigación su participación directa en la “financiación y desarrollo de la logística” del 1-O. Además, su conselleria abonó 197.492 euros para el suministro de papeletas, la elaboración del censo y la citación a los miembros de las mesas electorales.

Datos reservados de 56.196 personas

La Generalitat utilizó para elaborar el censo de la consulta datos personales de 56.196 personas obtenidos sin su consentimiento del Registro de Población de Cataluña. Quince días antes del referéndum, se llevó a cabo el sorteo para designar a los integrantes de las mesas electorales.

La “total pasividad” de los Mossos

La actuación de los Mossos se caracterizó por la “total pasividad” y “dejación” de sus funciones. Durante la mañana del 1-O, Policía y Guardia Civil cerraron más de 200 colegios, mientras que los mossos “no cerraron ninguno” y sólo clausuraron “tras el escrutinio”, según recuerda la Audiencia Nacional en la resolución en la que confirma el procesamiento por sedición y organización criminal de la ex cúpula de la Policía autonómica, con Josep Lluís Trapero a la cabeza.

Dispositivo “engañoso”

Según la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los Mossos se limitaron a simular un dispositivo engañoso, “meramente formal” dirigido a permitir el referéndum ilegal y a “socavar” la actuación de Policía y Guardia Civil.

Un despliegue insuficiente

La cúpula de los Mossos desplegó 7.500 agentes, la mayoría sin formación específica en orden público (hubo incluso que uniformar a los del Servicio de Información, que prestan servicio de paisano), cuando en jornadas electorales se ha llegado a poner en la calle a 12.000 y su distribución fue “ineficaz”, dice la Audiencia, al asignar solo dos por centro. Trapero, sin embargo, se quejó de que para impedir el 1-O hacían falta 40.000 mossos. La ex cúpula de la Policía catalana asegura que advirtió a Pérez de los Cobos de esta carencia, pero el responsable del operativo lo ha negado ante el juez en el Tribunal Supremo.

“Violencia compulsiva”

Los informes policiales dejan constancia de que los agentes desplegados para impedir la votación ilegal tuvieron que enfrentarse “a grupos muy numerosos de personas perfectamente organizadas y mostrando una actitud muy violenta” y “compulsiva”, que estuvo acompañada de “gritos en insultos”, lanzamiento de sillas y piedras y patadas. Y todo con el “apoyo logístico y humano” de la Generalitat. Para la Guardia Civil, los “verdaderos agitadores” de masas fueron ANC y Òmnium con el apoyo de “otros grupos de carácter radical” como los Comités de Defensa de la República (CDR). En total, se identifican 315 episodios de violencia y agresión en el punto álgido del “procés”, entre septiembre y noviembre de 2017. Por su parte, la Generalitat cifró en alrededor de un millar el número de heridos por la actuación policial, la mayoría por contusiones.

Trapero, “correa de transmisión”

Fue en el enlace entre los responsables políticos y sus subordinados. O así lo considera al menos la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, una “correa de transmisión” que hizo posible que el despliegue de los mossos no impidiera la celebración del referéndum, como pretendía la Generalitat.

La resistencia pacífica, “un eufemismo”

El llamamiento soberanista a la “resistencia pacífica” es, según consta en los informes de la Guardia Civil incorporados a la investigación del 1-O, “un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación” con publicidad al independentismo “para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes”. Los líderes políticos procesados, mantiene el Instituto Armado, eran “plenamente conscientes” de que la población así movilizada quedaba “sin ningún tipo de control” una vez ocupados los centros de votación, un “gran escenario intimidatorio” en el que “asumían” igualmente que esa misma muchedumbre iba a protagonizar “actos de violencia material y física” para conseguir celebrar el referéndum.

Un coste de 3,2 millones

La minuciosa investigación de la Guardia Civil incorporada a la causa en la que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga el 1-O eleva a 3,2 millones de euros el coste del referéndum soberanista, de los que la Generalitat abonó casi la mitad, quedando pendientes de pagar 1.664.848 euros.

La factura de los “observadores”

Diplocat, dependiente del Departamento de Romeva, asumió el coste de 217.656 euros que supuso la presencia de “observadores” internacionales en la consulta, de los que 40.591 euros sirvieron para pagar los hoteles y los vuelos de la comitiva de expertos con la que la Generalitat quería acreditar la transparencia de la consulta.