Se cumple un año sin que el Gobierno nombre a la Autoridad de Protección del Informante para luchar contra la corrupción

Ya ha pasado un año sin que el Gobierno haya nombrado a la Autoridad de Protección del Informante (AAI), una pieza clave para proteger a los denunciantes de delitos de corrupción tanto en el sector privado como en las administraciones públicas. Las Cortes aprobaron la Ley 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero sin esta autoridad, las personas que alerten de estas prácticas no cuentan con una protección completa. Es decir, no existe una institución que vigile el cumplimiento de la ley

La norma prevé la creación de la Autoridad de Protección del Informante, un canal externo alternativo al canal interno que deben tener implementado tanto las empresas como las entidades públicas. Este canal externo debe estar disponible para dar más garantías a los informantes de delitos y malas prácticas en caso de que teman represalias o para que se sientan más cómodos y seguros al plantear su denuncia.

Pero tras doce meses sin que se nombre a alguien al frente de su presidencia, los denunciantes de corrupción quedan en un limbo legal contrario a las garantías que les ofrece el Derecho europeo. Es el Ministerio de Justicia quien debe proponer a la persona que ostentará la presidencia de la AAI y el Consejo de Ministros quien finalmente la nombra mediante un real decreto.

Según denuncia la Fundación Hay Derecho, que no se haya nombrado al responsable al frente de la AAI supone que los denunciantes puedan quedar a merced de represalias por su actuación, privándoles del asesoramiento que necesitan. Solo algunas pocas comunidades autónomas ya cuentan con su autoridad para proteger a los informantes regulada mediante una ley propia.

También supone crear trabas para la denuncian de situaciones de corrupción con garantías de anonimato, tal y como prevé la ley.

Además, hay una carencia frente a los altos estándares de exigencia a las empresas privadas, que a partir de 50 trabajadores deben contar con un canal de denuncias. Esta exigencia no es equivalente para las entidades públicas, ya que la fijación de un plazo para cumplir con la creación del canal externo en las Administraciones Públicas depende de la Autoridad de Protección del Informante, que aún no se ha creado.

“No es admisible que se exija más a ciudadanos y empresas corrientes, que al propio Gobierno, que es el responsable legal de que llevemos un año sin autoridad de protección a denunciantes de corrupción”, subraya Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, que destaca que “España está dejando pasar una oportunidad única de generar confianza ante potenciales denunciantes de corrupción. Traspuso la directiva europea tarde y ahora ni tan siquiera se cumple la ley”.

Protección a los denunciantes de corrupción

En la situación actual de ausencia de la Autoridad, se pueden dar casos tan paradójicos como que haya quienes informen de corrupción por los canales internos (empresas privadas o administraciones o entes públicos) pero que ante represalias se queden sin protección al no existir el canal externo o autoridad estatal con la competencia para ello. Esto es fundamental para que quien conozca de algún acto de corrupción o de alguna otra infracción o delito los descubra. "El Ministerio de Justicia debe cumplir la Ley”, remata Safira Cantos.

La ley 2/2023, de 20 de febrero se aprobó hace un año y entró en vigor el 13 de marzo del año pasado como consecuencia de la trasposición de la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea, conocida como "directiva de whistleblowing", que establecía un plazo hasta el 17 de diciembre de 2021 para implantar y regular los sistemas de denuncia y la regulación de los canales de información de delitos. El retraso supuso la apertura por la Comisión Europea de un procedimiento de infracción a España.

Con su entrada en vigor, las empresas privadas de más de 50 trabajadores y entidades públicas y los municipios de menos de 10.000 habitantes deben contar con un canal de denuncias, un responsable del canal y un sistema que dé garantías de privacidad y anonimato de las denuncias, impidiendo por ley que se apliquen represalias.

La Autoridad de Protección al Informante tiene varias funciones. Por una parte, actúa como canal de denuncia externo a las administraciones públicas o empresas privadas afectadas, pero también debe ofrecer asesoramiento a potenciales denunciantes de corrupción y protegerles frente a represalias. También puede sancionar los incumplimientos de la ley.