La Comisión Europea confirma que hay una "investigación en curso" a España por la ley de amnistía

La Comisión Europea ha confirmado queexiste una “investigación en curso”por la ley de amnistía que se está tramitando en España. Lo ha hecho a través de la respuesta entregada al eurodiputado Adrián Vázquez, en la que se le negó la entrega de información que él había solicitado bajo este argumento. En concreto, en la carta de respuesta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se alude al artículo 4 de su procedimiento interno, que reconoce el derecho a no entregar datos para proteger la privacidad en cuatro supuestos.

Ante la posibilidad de que se haya utilizado la expresión “investigación en curso” como sinónimo del análisis y evaluación que de manera ordinaria realiza la Comisión frente a cualquier iniciativa legal que puede entrar en conflicto con el Derecho de la UE, Vázquez lo ha descartado. Y ha recalcado que el término utilizado es revelador.

Según el europarlamentario de Ciudadanos, el concepto de investigación que prevé el reglamento y al que se ha acogido la ComisiónEuropea para no entregar los documentos está definido por la jurisprudenciadel Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De acuerdo con una sentencia del TJUE de 7 de septiembre de 2017, “(se entiende por investigación) un procedimiento estructurado y formalizado de laComisión cuyo objetivo es la recogida y el análisis de información con el fin de quedicha institución pueda adoptar una postura en el marco del ejercicio de sus funcionescon arreglo a los Tratados UE y FUE”.

La respuesta en la que aparece esta expresión es una carta firmada por la directora general de Justicia y Consumidores, Ana Gallego. En ella, se hizo llegar respuesta a la solicitud del eurodiputado Adrián Vázquez denegando la entrega de las preguntas efectuadas al gobierno español y las respuestas que proporcionó el Ejecutivo sobre la base del siguiente motivo: “la revelación de los documentos solicitados podría perjudicar la protección de investigaciones en curso”.

“Si fuese un análisis, nos tendrían que haber dado las preguntas”, aclaró en una rueda de prensa Vázquez. Y es que en la solicitud de información que planteó el eurodiputado se pedía a la CE que facilitara el listado de 15 preguntas que se envió al Gobierno de España unos días después del polémico encuentro entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. Fue entonces cuando Bolaños aseguró que había “cero preocupación” sobre esta norma en Europa, pero posteriormente fue desmentido por el portavoz de Justicia de la UE.

Lo cierto es que la Comisión realiza un análisis de todas las leyes que entran en conflicto con el Derecho de la UE. Pero según el parlamentario, si se tratase de un análisis ordinario, como el que se realiza frente a cualquier otra norma, no habría motivos para rechazar la entrega de la información que se le solicitó.

Vázquez recordó que, al tratarse de una investigación en curso, si se avanza en el tiempo sin que el Gobierno corrija o adopte las medidas que establezca la CE, se abren las puertas al inicio de un procedimiento de infracciónque, de continuar, podría terminar en el Tribunal de Luxemburgo.

Reconoció que la Comisión tiene mil maneras de intercambiar información con los gobiernos cuando quieren saber más de una iniciativa legal, pero si ven gravedad, “son intercambios estructurados: por escrito y formales, oficiales”. Todo ello, señaló, con vistas a abrir un procedimiento de infracción si se considera necesario, que podría llegar al TJUE.

“Lo que está sucediendo en España ya ha ocurrido en otros países. Saben que tienen que hacerlo de manera que todo quede registrado por si tienen que ir a los tribunales”, sostuvo en su intervención.

Sobre el contenido de las 15 preguntas que envió la Comisión Europea para que España aclare sus dudas sobre la ley, el eurodiputado de Ciudadanos insistió en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería explicar a la opinión pública el contenido de esa petición de información.

Para Vázquez, la confirmación de que existe una investigación es de una enorme gravedad. Por ello, ha asegurado que frente al daño que está causando la ley de amnistía, su principal objetivo es que la norma no salga adelante. “Queremos descarrillar la ley”, afirmó.

Además, frente a los vaivenes, enmiendas y el voto de rechazo de Junts, que promovió esta ley la planteo como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, advirtió que no tiene sentido seguir tramitando la amnistía por el enorme coste que tendrá su aprobación en Europa. Y agregó que, tal como están las cosas, “en ninguno de los escenarios Puigdemont podrá gozar la ley de amnistía porque no podrá volver a España y no podrá recoger su acta de diputado europeo”, subrayó.